
El Ministerio de Derechos Humanos de Brasil emitió este 22 de mayo un documento oficial que reconoce a Dilma Rousseff como víctima de tortura durante la dictadura militar (1964‑1985). El acto, firmado por la ministra Silvio Almeida, otorga a la ex presidenta una reparación moral y material, algo inédito para una figura política de su rango.
El gesto llega después de casi cuatro décadas de silencio estatal y marca una ruptura con la etapa de negacionismo que dominó el discurso oficial en los años recientes.
Rousseff, entonces militante de la organización VAR‑Palmares, fue detenida en 1970 y permaneció encarcelada hasta 1973. Durante ese periodo sufrió choques eléctricos, golpes y simulacros de fusilamiento, según testimonios recogidos por la Comisión Nacional de la Verdad.
La hoy ex mandataria aseguró que el reconocimiento “honra la memoria de quienes no sobrevivieron” y subrayó que la tortura buscaba “quebrar la esperanza” de toda una generación.
Aunque la Comisión de la Verdad (2011‑2014) documentó más de 400 víctimas mortales y millares de casos de tortura, ningún alto mando militar ha sido juzgado por esos crímenes, protegido por la Ley de Amnistía de 1979.
Organizaciones de derechos humanos señalan que el Estado tardó tanto en pronunciarse por temor a la reacción de sectores castrenses aún influyentes.
COMISSÃO CONCEDE ANISTIA A DILMA ROUSSEFF POR PERSEGUIÇÃO E TORTURA SOFRIDA DURANTE A DITADURA MILITARhttps://t.co/jMwpoRv8CP pic.twitter.com/c5xQksgMTO
— rededenoticias.com (@redeportal) May 23, 2025
El reconocimiento ocurre cuando el presidente Donald Trump apuesta por estrechar lazos con gobiernos conservadores de la región, y Brasil procura equilibrar su pasado autoritario con un presente polarizado. Para el Partido de los Trabajadores, la medida “refuerza la lucha contra nuevas formas de autoritarismo”.
Por su parte, grupos de derecha calificaron el documento como “revanchismo”, alegando que “reabre viejas heridas”. Sin embargo, encuestas recientes muestran que 63 % de los brasileños apoya iniciativas de verdad y memoria.
Expertos coinciden en que la certificación de Rousseff podría servir de precedente para al menos 200 expedientes que esperan resolución en el Ministerio de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado a Brasil a juzgar crímenes de la dictadura, podría ver en este gesto una señal de apertura que eleve la probabilidad (≈ 70 %) de nuevos procesos judiciales en los próximos dos años.
Tal como ocurrió en Argentina con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los procesos de memoria avanzan cuando existe presión social sostenida. Si bien el Estado brasileño dio un paso significativo, la efectividad de nuevas acciones dependerá de la articulación entre víctimas, organizaciones civiles y el poder judicial.
En suma, la oficialización del sufrimiento de Dilma Rousseff opera como faro simbólico: ilumina un pasado oscuro, pero también expone las sombras que persisten en la justicia brasileña. El reto radica ahora en convertir la memoria en política pública duradera que impida la repetición del horror.