
El debate tiene raíces profundas y expone un patrón repetido a lo largo de la historia argentina: el intento de los gobiernos de moldear el máximo tribunal según sus intereses.
Desde su creación en 1863, la Corte Suprema ha cambiado de forma en numerosas ocasiones. El número de integrantes varió al ritmo de los contextos políticos y los intereses del Ejecutivo de turno:
Esa vacante existe desde octubre de 2021, tras la salida de Elena Highton de Nolasco, y ningún presidente logró cubrirla. Javier Milei propuso recientemente dos nombres: el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla. Sin embargo, ambos pliegos quedaron bloqueados en el Senado.
El oficialismo no logró sumar los consensos necesarios ni con el peronismo ni con bloques federales. Las objeciones a Lijo, sobre todo, provinieron de sectores judiciales y académicos que cuestionaron su trayectoria y su falta de especialización en derecho constitucional. García-Mansilla, con mejor reputación técnica, también fue resistido por su perfil conservador.
Con la Corte incompleta y una creciente presión política sobre su funcionamiento, el nuevo proyecto de ampliación que impulsa Romero —alineado con La Libertad Avanza— propone llevar el número de jueces a siete, incluyendo la obligación de incorporar mujeres.
El plenario de comisiones que tratará la iniciativa fue convocado para el próximo miércoles 28 de mayo, en un contexto donde las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial siguen escalando.