
El jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, confirmó que Washington aplicará nuevas sanciones dirigidas a funcionarios del régimen cubano implicados en violaciones de derechos humanos. La decisión llega días después de que tres jueces y una fiscal fueran sancionados por su rol en el encarcelamiento del disidente Luis Robles en 2020.
Hammer, diplomático de carrera y en funciones desde hace seis meses en La Habana, ha mantenido una agenda pública activa, reuniéndose con disidentes, pequeños emprendedores y ciudadanos de distintas regiones. Durante estos encuentros, recogió testimonios directos que responsabilizan al propio régimen, y no al embargo, de la devastadora situación económica que atraviesa la isla.
Mientras el gobierno cubano insiste en culpar al “bloqueo” estadounidense, los cortes eléctricos se han convertido en el símbolo más elocuente del fracaso interno. En las últimas semanas, el país ha registrado apagones de hasta 18 horas diarias, paralizando escuelas, hospitales y centros productivos. Las redes sociales, cuando funcionan, se inundan de denuncias de falta de alimentos, medicamentos y servicios básicos.
Lejos de ofrecer soluciones, el régimen de Miguel Díaz-Canel ha respondido con más represión. Organismos de derechos humanos denuncian el aumento de detenciones arbitrarias, patrullajes intimidatorios y vigilancia sistemática a periodistas y activistas.
El endurecimiento de la política hacia Cuba se enmarca en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces, la isla fue reincorporada a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, se limitaron las remesas y se cancelaron los programas migratorios implementados por la anterior administración.
Las sanciones ahora se enfocan en individuos específicos, como forma de aislar al aparato represivo sin afectar directamente a la población. Sin embargo, el colapso interno del modelo económico socialista sigue siendo el principal catalizador de la crisis.
Como era previsible, el gobierno cubano acusó a Hammer de “injerencismo” y de promover el descontento. Sin embargo, el diplomático estadounidense reafirmó su compromiso con el pueblo cubano y desestimó las acusaciones, asegurando que seguirá acompañando la lucha por la libertad, pese a las amenazas del régimen.
La respuesta oficial no sorprende: es parte de la narrativa que niega cualquier responsabilidad interna. Pero el contraste entre los privilegios de la cúpula dirigente y la miseria de la población es cada vez más evidente.
📬 ¡Lo prometido es deuda!
— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) May 14, 2025
Hemos empezado a visitar a algunos de los centenares de cubanos que nos escribieron por email para conocer a nuestro Jefe de Misión Mike Hammer. Aquí estamos en Mayabeque. Nos gustó compartir con ellos y escuchar sus historias, sus preocupaciones, sus… pic.twitter.com/Ewr6ef0N6T
Las nuevas sanciones son una señal clara: la impunidad no será tolerada. A diferencia de posturas anteriores, la administración actual apunta directamente al núcleo del poder represivo en Cuba, en un momento en que la fragilidad del régimen se hace inocultable.
Entre apagones, censura y hambre, los cubanos siguen resistiendo. Y cada acción internacional que desnude la responsabilidad del Estado no solo es válida, sino necesaria.