
En una de las decisiones económicas más osadas de su gestión, el presidente Javier Milei anunció un plan que apunta directamente a uno de los enigmas más perdurables de la economía argentina: los miles de millones de dólares que ciudadanos particulares guardan fuera del sistema financiero, conocidos como “los dólares del colchón”.
Con el nombre informal de “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el Ejecutivo resolvió eliminar controles fiscales que trababan el ingreso de divisas al circuito formal. A partir del 1° de julio, las transferencias bancarias por debajo de USD 43.000 y los depósitos a plazo de hasta USD 85.000 no requerirán justificación alguna de origen. Además, se permitirá usar esos fondos para adquirir propiedades, vehículos o realizar inversiones, sin penalidades ni pagos impositivos.
“Es como si fuera un blanqueo, pero sin impuestos. No importa de dónde sacaron los dólares”, afirmó Milei en una reciente entrevista radial.
Guardar dólares en efectivo ha sido, durante décadas, una práctica recurrente entre los argentinos, que desconfían tanto del peso como del sistema bancario. La hiperinflación de los años 80, el corralito del 2001, múltiples cepos cambiarios y recurrentes crisis de deuda alimentaron la cultura del “colchón” como símbolo de resguardo personal.
Según estimaciones privadas y organismos internacionales, existen entre USD 200.000 y USD 270.000 millones en billetes estadounidenses fuera del sistema bancario en manos de argentinos. Esto representa cerca del 45% del PBI y multiplica por siete las reservas netas del Banco Central.
La medida del Gobierno apunta a capturar una porción de esa masa, considerada un “potencial dormido” que podría reactivar sectores claves como el inmobiliario, el automotor y el consumo durable.
Aunque los mercados reaccionaron con cierta expectativa —la bolsa porteña subió un 0,25% y los bonos mejoraron levemente—, también emergieron señales de alerta. El FMI ya advirtió que evaluará la medida para asegurarse de que no facilite el lavado de dinero. En igual sintonía se expresó la UIF, aunque sin un pronunciamiento formal aún.
Desde la oposición, el diputado Carlos Heller calificó la propuesta como “una amnistía fiscal de facto”, mientras que referentes del progresismo apuntaron a la inequidad de premiar al evasor frente al contribuyente cumplidor.
Economistas como Miguel Kiguel o Marina Dal Poggetto señalaron que el éxito del plan dependerá menos de las facilidades técnicas que de la confianza política: “La gente no se guía sólo por los incentivos fiscales, sino por si cree o no que el Gobierno ofrece estabilidad a largo plazo”, sostuvo Dal Poggetto.
Por su parte, el libertario Roberto Cachanosky resumió su escepticismo con ironía: “No hay colchón que se abra si no hay un Estado confiable”.
A pesar de las críticas, el oficialismo ve en esta jugada una oportunidad para reposicionar su política económica con resultados visibles en el corto plazo, justo cuando empieza la campaña de cara a las legislativas de octubre.
En definitiva, la cruzada de Milei ahora se libra contra el símbolo más poderoso de la economía informal argentina: el colchón. Y busca ganar esa batalla sin disparar un solo impuesto.