
A una semana de las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025 en México, el país se encuentra inmerso en una fuerte polémica: la lista de aspirantes a jueces incluye personas con vínculos comprobados o sospechados con el crimen organizado. Entre los nombres más destacados están Silvia Delgado, exdefensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán; Leopoldo Chávez, condenado en el pasado por tráfico de metanfetaminas; Fernando Escamilla, presuntamente relacionado con el cártel de Los Zetas; y Francisco Hernández, destituido anteriormente por mala conducta profesional.
Estas candidaturas fueron aceptadas como parte de un inédito proceso de elección popular para jueces y magistrados, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por su sucesora, la actual presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma busca, según el discurso oficial, democratizar el poder judicial y erradicar la corrupción desde sus raíces.
La inclusión de figuras tan cuestionadas ha desatado alarmas en sectores académicos, organizaciones civiles y asociaciones jurídicas. ONGs y observatorios judiciales advierten sobre la falta de filtros adecuados, lo que permitiría que personas con antecedentes penales o vínculos con el narcotráfico asuman roles de autoridad dentro del sistema judicial mexicano.
Expertos constitucionalistas sostienen que la reforma, si bien parte de un principio legítimo de democratización, podría derivar en una pérdida de independencia judicial y en la cooptación de tribunales por intereses criminales. Señalan además que la ausencia de requisitos estrictos abre una peligrosa puerta para la legitimación social de figuras ligadas al crimen organizado.
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— Acierta Oaxaca (@AciertaOaxaca) May 24, 2025
El próximo fin de semana, en #México🇲🇽se vivirá un momento histórico, ya que se realizarán por primera vez las elecciones judiciales🗳️.
En este proceso, los ciudadanos tendremos la oportunidad de elegir a los nuevos jueces🧑⚖️, magistrados y ministros, además de… pic.twitter.com/hoQqPmhWRJ
Según las autoridades electorales, es demasiado tarde para modificar las boletas. Si se determina que alguno de los candidatos no cumple con los requisitos legales, su remoción solo podrá hacerse después de las elecciones, en caso de ser elegido. Esto significa que podrían asumir funciones temporales incluso quienes enfrentan graves cuestionamientos.
El INE ha reconocido fallos en la verificación de antecedentes, pero atribuye el problema al escaso tiempo de implementación de la reforma y a vacíos normativos no resueltos por el Congreso. Por ahora, el proceso avanza sin cambios.
INE registra incremento histórico de solicitudes para observadores electorales en las elecciones judiciales con más de 316 mil | Noticias de México | El Imparcial https://t.co/axW0zj7fsU pic.twitter.com/i25mhnTAIy
— EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) May 24, 2025
El proceso electoral del 1 de junio representa una prueba crítica para el sistema institucional mexicano. Lo que originalmente se presentó como un esfuerzo por ampliar la participación ciudadana en el Poder Judicial, ha derivado en una situación de alto riesgo para la legitimidad, independencia y credibilidad del sistema judicial.
La presencia de figuras cercanas al narcotráfico en la contienda judicial no puede ser tomada a la ligera. Aunque se trate de una minoría de los postulantes, su visibilidad y trayectoria afectan el conjunto del proceso. México se encuentra ante un dilema: ¿es posible democratizar la justicia sin blindarla primero frente al crimen?