30/05/2025 - Edición Nº843

Internacionales

Impuestos en debate

Brasil: Lula da Silva retrocede tras críticas y frena impuesto

26/05/2025 | El gobierno de Lula revocó el aumento del IOF a inversiones fuera del país luego de fuertes presiones internas y externas.



Retroceso ante la presión

El gobierno brasileño, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidió dar marcha atrás con la imposición de un impuesto más alto sobre las inversiones que los brasileños realizan en el extranjero. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Hacienda, luego de recibir fuertes críticas de distintos sectores económicos y políticos, quienes advertían sobre el potencial impacto negativo de la medida en la imagen internacional de Brasil y en la confianza de los inversores.

La medida original proponía aumentar el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) en un 3,5% para quienes trasladaran capitales fuera del país, como parte de un plan de recaudación que buscaba aliviar el déficit fiscal. Según las previsiones oficiales, este paquete permitiría al Estado recaudar unos 20.500 millones de reales adicionales en 2025 y hasta 41.000 millones en 2026.

Reacciones y riesgos

El anuncio desató una ola de críticas tanto en el mercado interno como en organismos internacionales. Economistas, líderes empresariales y miembros del propio gobierno señalaron que el incremento del impuesto era contradictorio con la estrategia de Brasil de modernizar su marco tributario y acercarse a los estándares de la OCDE. También se destacó la falta de coordinación con el Banco Central, que fue tomado por sorpresa con el decreto.

Los analistas alertaron sobre el riesgo de que la medida fuera interpretada como un paso hacia controles de capital, lo que habría repercutido negativamente en la reputación de Brasil como destino de inversiones y en la estabilidad de su moneda. Efectivamente, tras conocerse la propuesta, el real brasileño se depreció más de un 1% frente al dólar estadounidense.

Rectificación rápida

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, reconoció la falta de comunicación previa y el error en la forma en que se implementó el decreto. De manera casi inmediata, el gobierno eliminó el aumento del IOF sobre inversiones en el exterior, aunque mantuvo otros incrementos, como el 3,95% para préstamos corporativos y el 3,5% para operaciones con tarjetas internacionales.

La rectificación reducirá en aproximadamente 6.000 millones de reales los ingresos fiscales previstos hasta 2026, pero ha sido vista como un gesto para calmar los mercados y restaurar la confianza internacional en la política económica brasileña.

Desafíos fiscales y reputacionales

Este episodio evidencia los desafíos que enfrenta la administración Lula para equilibrar las cuentas públicas sin poner en peligro la credibilidad financiera del país. Brasil sigue buscando vías para incrementar la recaudación, pero debe hacerlo sin contradecir los compromisos internacionales de apertura y modernización económica.

La polémica del IOF expone, además, la tensión entre la urgencia de recursos fiscales y la necesidad de mantener la estabilidad y previsibilidad en el sistema financiero, especialmente cuando el país aspira a integrarse plenamente a la OCDE y a atraer inversiones a largo plazo.


Ministerio de Hacienda de Brasil.

La economía en entredicho

La rápida marcha atrás del gobierno brasileño evidencia la alta sensibilidad de los mercados a cualquier intento de restringir la salida de capitales. En menos de 24 horas, el Ejecutivo tuvo que corregir una medida que, aunque buscaba mayor recaudación, puso en duda la apertura económica y la estabilidad institucional del país. El temor de los inversores a un posible regreso de controles de capital provocó una depreciación inmediata del real y generó alarma en los sectores productivos y financieros.

Para el gobierno de Lula, este retroceso marca un límite claro entre la necesidad de aumentar ingresos fiscales y la prioridad de mantener la confianza internacional. Si bien la presión para mejorar las cuentas públicas es legítima, cualquier señal de inseguridad jurídica o de políticas improvisadas puede tener un costo reputacional mucho mayor que el eventual beneficio económico. Brasil deberá buscar caminos alternativos para fortalecer su recaudación, asegurando previsibilidad y alineamiento con los estándares internacionales si quiere avanzar en sus objetivos de integración global.