Un juez en Estados Unidos obliga a Trump a repatriar a un guatemalteco deportado

Una deportación ilegal y un fallo contundente

El juez federal Brian Murphy de Boston, emitió una orden judicial para que la administración de Donald Trump facilite el regreso a Estados Unidos de O.C.G., un ciudadano guatemalteco deportado ilegalmente en 2023. La decisión del magistrado apunta a una "violación horrorosa del debido proceso", ya que el migrante fue expulsado a México sin que se evaluaran sus temores por su seguridad, vinculados a su orientación sexual.

Según el fallo, la deportación se realizó incluso cuando existía una orden judicial que prohibía cualquier expulsión sin analizar primero los riesgos individuales. El Departamento de Justicia reconoció que no hay constancia de que algún agente de inmigración haya consultado a O.C.G. sobre sus temores antes de deportarlo, contradiciendo versiones previas del gobierno.

Un caso emblemático dentro de una demanda colectiva

El caso de O.C.G. forma parte de una demanda colectiva más amplia contra las políticas de deportación acelerada impulsadas por la administración Trump. Estas políticas han sido objeto de múltiples cuestionamientos legales por su presunto incumplimiento de normas constitucionales y de derechos humanos.

El migrante guatemalteco, que actualmente se encuentra escondido en su país de origen, rechazó el sistema de asilo mexicano debido a experiencias traumáticas anteriores y a la lentitud del proceso. Su equipo legal se encuentra coordinando su regreso a EE.UU., respaldado ahora por la decisión del juez Murphy.

Precedentes preocupantes y resistencia gubernamental

Este no es un caso aislado. Otro ejemplo reciente es el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado a su país a pesar de contar con protección legal en EE.UU. En ese caso, el gobierno de Trump también se negó a cumplir una orden de la Corte Suprema que exige su retorno, argumentando vínculos con pandillas sin pruebas concluyentes.

Ambos casos revelan una tensión creciente entre el Poder Judicial estadounidense y la administración Trump, especialmente en lo que respecta al respeto por el debido proceso en los procedimientos migratorios. Organismos de derechos humanos han alertado sobre el peligro de convertir estas prácticas en una norma, erosionando las garantías básicas del sistema judicial.

Brian Edward Murphy (nacido en 1979), es un abogado estadounidense que se desempeña como juez de distrito de los Estados Unidos del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

¿Habrá justicia? 

La decisión del juez Murphy no solo restituye derechos a una víctima concreta, sino que también constituye un precedente simbólico. Representa un freno judicial a prácticas que, bajo la premisa de seguridad y control fronterizo, han ignorado principios fundamentales como la no devolución y la protección de minorías vulnerables.

Este tipo de fallos podría reavivar el debate sobre la legalidad y legitimidad de las políticas migratorias de Trump. Además, marca un punto de inflexión en la capacidad del sistema judicial de limitar excesos del poder ejecutivo cuando se vulneran los derechos humanos.