
El reciente decreto del gobierno nacional que reduce progresivamente los aranceles de importación de productos electrónicos ha desatado una crisis en Tierra del Fuego. La medida afecta directamente al régimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640, que ha sido fundamental para el desarrollo económico de la provincia.
El gobernador Gustavo Melella expresó su rechazo a esta política, argumentando que pone en riesgo la industria local y, por ende, la soberanía argentina en la región. "No van a ser más baratos los celulares importados", afirmó Melella, señalando que la medida no beneficiará a los consumidores y perjudicará a la industria nacional.
En respuesta, los trabajadores nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros gremios iniciaron un paro por tiempo indeterminado, paralizando la producción en las principales fábricas de la provincia. La protesta culminó en una huelga general que contó con la adhesión de diversos sectores y movilizaciones masivas en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.
Tras una semana de conflicto, se alcanzó un principio de acuerdo entre el gobierno provincial, las empresas y los sindicatos. El pacto incluye un compromiso de las empresas para no realizar despidos hasta fin de año y la conformación de una mesa de diálogo para discutir la reconversión productiva de la provincia.
El panorama futuro es incierto. Si bien el acuerdo brinda una tregua temporal, la eliminación total de los aranceles prevista para enero de 2026 plantea desafíos significativos para la industria fueguina. El gobierno provincial busca alternativas para diversificar la matriz productiva y preservar los puestos de trabajo, mientras continúa el debate sobre el equilibrio entre la apertura económica y la protección de las industrias regionales.