
La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica desclasificar todos los documentos vinculados a denuncias por pederastia. La decisión surge tras más de 120 tutelas presentadas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes solo habían accedido al 13% de los archivos solicitados.
Ese fragmento parcial ya permitió identificar a más de 600 sacerdotes implicados en casos de abuso sexual. Los periodistas estiman que, con el acceso completo, podrían revelarse hasta 5.000 nuevos casos, lo que daría una dimensión alarmante a la magnitud del encubrimiento clerical.
El fallo fue aprobado por cinco votos contra dos. Los magistrados destacaron que el derecho fundamental de petición y acceso a la información prevalece incluso sobre la reserva institucional de la Iglesia. Esta decisión sienta jurisprudencia al ubicar el interés público y la transparencia como valores prioritarios.
La Corte también enfatizó el rol central del periodismo en una democracia, reconociendo que la labor investigativa es esencial para proteger a las víctimas y exigir responsabilidad a instituciones de poder como la Iglesia.
La sentencia incluyó una instrucción adicional: la Fiscalía General de la Nación deberá responder en un plazo de 48 horas a la solicitud de la periodista Andrea Díaz Cardona. Ella había solicitado información sobre procesos penales abiertos entre 1992 y 2021 contra obispos, arzobispos y cardenales.
Hasta ahora, la Fiscalía había ignorado la petición. El fallo de la Corte obliga a las instituciones estatales a actuar con mayor celeridad y compromiso frente a los casos de abuso sexual infantil en entornos religiosos.
El fallo fue celebrado por asociaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores del periodismo. Todos coinciden en que se trata de una decisión histórica que rompe con décadas de silencio institucional.
Además, el precedente podría generar impacto en otros países latinoamericanos, donde también existen archivos eclesiásticos cerrados y múltiples denuncias de abuso no investigadas.
#ATENCIÓN | La Corte Constitucional ordena a la iglesia Católica entregar al periodista Juan Pablo Barrientos la información sobre los clérigos denunciados o investigados por la presunta comisión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, al considerar que dicha… pic.twitter.com/tCqNi3U59j
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 26, 2025
Este fallo no solo transforma la relación entre Estado e Iglesia en Colombia, sino que interpela al continente entero. La decisión refuerza que los derechos de las víctimas están por encima de la reputación institucional.
Al abrir los archivos, la Iglesia queda sujeta a un escrutinio que podría ser devastador, pero también es una oportunidad para restaurar algo de la confianza social mediante justicia y reparación.