Quieren trabajar pero el Estado no los deja: historia de los cartoneros de Capital Federal

La crisis de 2001 no solo dejó desempleo y pobreza, sino que también visibilizó una figura que ya existía pero que, hasta entonces, había sido ignorada: el cartonero. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia terminó transformándose en un movimiento organizado, aunque siempre precario, que hoy lucha por su reconocimiento en un sistema que los necesita pero los margina.

En 2002, la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 992, pionera en reconocer a los recuperadores urbanos como trabajadores. La norma prometía inclusión, organización en cooperativas y prioridad en el acceso a los residuos. Pero como suele ocurrir, entre la letra de la ley y su implementación hay un abismo. Las primeras cooperativas —El Álamo, El Ceibo, Amanecer de los Cartoneros— surgieron bajo el ala de movimientos sociales, pero el Estado nunca terminó de integrarlas plenamente al sistema.

Tres años después, la Ley de Basura Cero (1854) reforzó el rol de los cartoneros como actores clave en la gestión ambiental. Sin embargo, en la práctica, se consolidó un modelo dual: mientras las grandes empresas privadas seguían acaparando el negocio de la basura, las cooperativas debían conformarse con migajas, trabajando en condiciones de extrema precariedad.

Con la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de gobierno en 2007, el sector recibió primero indiferencia y luego, bajo presión, algunas migajas: centros verdes, camiones para algunas cooperativas y un sistema de pago por tonelada recuperada que, desde el principio, fue insuficiente. Hoy, en 2025, ese pago es de apenas 360 mil pesos, un monto que no cubre ni la inflación y que, además, llega con demoras crónicas.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (2015-2023) mantuvo esa ambigüedad: renovó convenios, mejoró algo de infraestructura, pero nunca resolvió la precariedad estructural. Los cartoneros seguían siendo tratados como un mal necesario, tolerados pero no integrados. Mientras tanto, las empresas privadas embolsaban materiales reciclables, dejando fuera a quienes dependían de ellos para subsistir.

Pero el verdadero golpe llegó con Jorge Macri en 2023. Recortes de subsidios, amenazas de eliminar el transporte gratuito para cartoneros que vienen del conurbano, pagos aún más demorados y la eliminación de programas sociales complementarios. A esto se sumó la apertura a las importaciones de Javier Milei, que hundió el precio del cartón local más de un 200%. Las empresas ahora prefieren comprar material de Brasil, dejando a los recuperadores urbanos sin sustento.

En paralelo, se intensificó la persecución. El gobierno porteño, bajo el argumento de prohibir la "tracción a sangre", decomisa carros, impone multas exorbitantes y dificulta aún más el trabajo de quienes no están empadronados en cooperativas. Hoy, hay unos 6.000 cartoneros dentro del sistema formal, pero se estima que otros 2.000 trabajan en la informalidad, sin derechos ni protección.

Frente a este escenario, las cooperativas no se quedaron quietas. Reclaman el cumplimiento de la Ley 992, actualización de pagos, mejores condiciones laborales y reconocimiento como trabajadores esenciales. El proyecto del Polo de Reciclaje "Papa Francisco", impulsado por el comunero Bautista Prusso y el Comité de Crisis del Barrio Mugica proponen crear un espacio de acopio, formación y guardado de herramientas, evitando así los decomisos y robos que sufren a diario.

Mientras tanto, las movilizaciones en Parque Lezama, con curas villeros lavando los pies a los cartoneros, han logrado visibilizar el conflicto. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto más puede resistir un sector que sostiene el reciclaje de la ciudad, pero al que se le niega dignidad?