
El Ministerio Público del Trabajo de Brasil presentó una demanda civil contra la automotriz china BYD y dos de sus contratistas, acusándolos de someter a trabajadores chinos a condiciones laborales degradantes en la construcción de una planta en Camaçari, estado de Bahía. La acción judicial, anunciada el 27 de mayo de 2025, solicita una indemnización de 257 millones de reales (aproximadamente 45 millones de dólares) por daños morales y exige compensaciones individuales para los trabajadores afectados.
La fiscalía sostiene que la responsabilidad de BYD no se limita a la tercerización, ya que la empresa se habría beneficiado directamente de las condiciones abusivas y omitido controles eficaces. El caso ha generado fuerte repercusión tanto en medios brasileños como internacionales, al tratarse de una compañía respaldada por inversiones millonarias y vinculaciones estratégicas con el gobierno federal.
En diciembre de 2024, una inspección sorpresa reveló que 220 trabajadores chinos, contratados por las empresas JinJiang Construction Brazil Ltda y Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil Co. (actualmente Tecmonta), laboraban en condiciones que las autoridades brasileñas calificaron como "análogas a la esclavitud". Los trabajadores enfrentaban jornadas extenuantes, vivían en alojamientos precarios y, en muchos casos, sus pasaportes eran retenidos por los empleadores.
Además, se descubrió que los contratos firmados por los trabajadores contenían cláusulas abusivas, incluyendo multas por comportamientos menores y la obligación de pagar depósitos reembolsables solo después de seis meses de trabajo. Estas prácticas violaban tanto las leyes laborales brasileñas como las chinas.
Tras las denuncias, BYD afirmó haber roto relaciones con JinJiang, aunque posteriormente defendió sus prácticas y acusó a medios extranjeros de intentar dañar la reputación de las marcas chinas. Mientras tanto, las autoridades brasileñas suspendieron la emisión de visas temporales para trabajadores de BYD y trasladaron a los empleados afectados a hoteles hasta resolver su situación contractual.
La demanda actual busca no solo compensaciones económicas, sino también la implementación de medidas que garanticen el cumplimiento de las normas laborales brasileñas por parte de BYD y sus contratistas. Las empresas enfrentan además posibles sanciones adicionales si se comprueba su responsabilidad en las violaciones denunciadas.
El caso de BYD en Brasil pone de relieve los desafíos que enfrentan las multinacionales al operar en el extranjero, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de las leyes laborales locales y la protección de los derechos de los trabajadores. La situación también subraya la importancia de una supervisión rigurosa por parte de las autoridades para prevenir abusos y garantizar condiciones de trabajo dignas.
A medida que las inversiones extranjeras continúan expandiéndose en América Latina, es esencial que las empresas adopten prácticas laborales responsables y transparentes, no solo para cumplir con las regulaciones locales, sino también para mantener su reputación y sostenibilidad a largo plazo.