
El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha iniciado una investigación por presunta injerencia política en las elecciones judiciales previstas para el 1 de junio, en las que por primera vez se elegirá a jueces y magistrados mediante voto popular. La medida responde a dos denuncias formales por parte de actores políticos y civiles, en medio de crecientes tensiones sobre la neutralidad del proceso electoral.
Una de las acusaciones apunta al gobierno del estado de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano, por supuestamente haber instruido a funcionarios públicos a movilizar votantes y distribuir materiales proselitistas con nombres de candidatos. La otra involucra a operadores de Morena en la Ciudad de México, señalados por acciones similares.
Las prácticas denunciadas violarían disposiciones del INE que prohíben explícitamente la participación partidaria en campañas judiciales. El reglamento impide que los aspirantes acepten donaciones de partidos, aparezcan en actos organizados por estos o utilicen sus plataformas para hacer campaña.
La consejera Claudia Zavala declaró que el INE está evaluando si se vulneraron principios de imparcialidad y, de confirmarse las infracciones, remitirá los casos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que determine sanciones.
Estas elecciones son resultado de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum. El objetivo declarado es combatir la corrupción en el Poder Judicial promoviendo un vínculo directo entre jueces y ciudadanía.
No obstante, múltiples voces advierten que este sistema podría generar efectos contraproducentes. ONGs, académicos y exmagistrados alertan sobre la posible penetración del crimen organizado, la pérdida de autonomía de los jueces y el uso del poder judicial como herramienta partidaria.
La polémica se agudizó tras revelaciones sobre aspirantes con vínculos con el narcotráfico o antecedentes penales, incluyendo excolaboradores de organizaciones criminales y abogados de notorios capos. Estos casos han generado alarma entre observadores internacionales, que ven en la elección un riesgo sistémico para el estado de derecho.
Además, varios aspirantes han carecido de formación jurídica formal o experiencia en el sistema judicial, lo que plantea dudas sobre la calidad y legitimidad de las futuras designaciones.
La arquitectura institucional actual no contempla filtros previos sólidos para validar la idoneidad de los candidatos. A diferencia de los procedimientos tradicionales con revisión parlamentaria o colegiada, el nuevo modelo deja en manos del electorado la decisión, sin mecanismos para evitar infiltraciones o candidaturas con conflictos de interés.
La debilidad estructural del proceso se ha convertido en un foco de preocupación para asociaciones civiles, que denuncian una falta de garantías para preservar la independencia judicial y piden una revisión urgente del esquema aprobado.
El desarrollo de estos comicios será seguido con atención por actores internacionales, incluidas organizaciones multilaterales y cuerpos diplomáticos. El desenlace del proceso podría tener implicaciones relevantes no solo para la institucionalidad mexicana, sino para modelos similares en América Latina.
La credibilidad del sistema electoral y judicial mexicano está en juego en esta elección inédita, donde el INE enfrenta una prueba de fuego: garantizar que la promesa de transparencia no se vea sepultada por la lógica clientelar y la cooptación política.
La propuesta de elegir jueces por voto popular nace con la promesa de una justicia más democrática, pero la experiencia mexicana de 2025 muestra que la falta de controles robustos puede desvirtuar esa aspiración. Las denuncias contra Morena y Movimiento Ciudadano reflejan el peligro de trasladar lógicas partidarias al ámbito judicial.
Si no se establecen mecanismos de control, revisión de antecedentes y límites claros entre partidos y justicia, el nuevo modelo corre el riesgo de convertirse en un caballo de Troya que erosione la independencia judicial, en lugar de fortalecerla.