
Bolivia atraviesa una de sus peores crisis en años, con una aguda escasez de combustibles y una inflación galopante que golpea los bolsillos de los ciudadanos. En menos de un año, el país sufre su cuarta interrupción grave en el abastecimiento de gasolina y diésel, provocada por una combinación de factores: huelgas de transportistas, mal clima en puertos chilenos clave y, sobre todo, una profunda escasez de dólares.
La dependencia boliviana de las importaciones es alta: cerca del 90% del diésel y el 56% de la gasolina son adquiridos en el exterior. Esta fragilidad ha generado largas colas en las estaciones de servicio, desabastecimiento en mercados y una fuerte alza de los precios de productos básicos.
Ante el deterioro de la situación económica, numerosos sectores sociales han anunciado movilizaciones en todo el país. Gremios, productores de coca, juntas vecinales y sindicatos de la salud se sumaron a las protestas que exigen medidas inmediatas para frenar la inflación y normalizar el suministro de combustibles.
Las acciones incluyen marchas en La Paz y Santa Cruz, bloqueos de rutas y cacerolazos. Los manifestantes denuncian también una falta de transparencia en la gestión de las reservas del Banco Central y acusan al gobierno de Luis Arce de haber ignorado las alertas tempranas de desabastecimiento.
Dirigente petrolero que denunció sobreprecios en el combustible, Ludwign Sánchez, manifestó que en junio se ahondará más la escasez de combustible, a raíz de la falta de pago a los proveedores, estás declaraciones surgen durante una marcha en La Paz. pic.twitter.com/66vjQ6V5yt
— El Bunker (@BunkerBolivia) May 21, 2025
En paralelo, el sistema cambiario boliviano está bajo presión. La escasez de divisas ha disparado el valor del dólar en el mercado negro a cerca de 20 bolivianos, más del doble del tipo oficial. Esto ha encarecido los productos importados y agravado el malestar social.
La inflación interanual ya supera el 15%, ubicando a Bolivia entre los países con mayor aumento de precios de Sudamérica. La situación golpea particularmente a las zonas rurales y empobrecidas, donde los insumos agrícolas y alimentarios escasean.
El presidente Arce anunció un paquete de 11 medidas y 7 decretos para afrontar la crisis. Entre ellas se incluyen controles más estrictos contra la especulación, medidas para frenar el contrabando y un pedido al Congreso para aprobar créditos internacionales por 1.800 millones de dólares.
Sin embargo, estas iniciativas no han calmado los ánimos. Críticos del oficialismo aseguran que las soluciones son parciales y que el gobierno no ha logrado restablecer la confianza del mercado ni del pueblo.
La crisis estalla a menos de tres meses de las elecciones generales del 17 de agosto, donde se elegirán presidente, vicepresidente y el Congreso. La oposición ya utiliza la situación como eje de campaña, mientras analistas advierten que el malestar social podría desembocar en un giro electoral importante.
Si el gobierno no logra estabilizar la economía ni garantizar el suministro de combustibles, las consecuencias podrían ser no solo electorales, sino también institucionales.
Si bien hay protestas, desde la dirigencia señalan que las cisternas están prestas para ser cargadas y traer el combustible a Bolivia; sin embargo, apuntan que YPFB debe responder por el abastecimiento #Unitel #Boliviahttps://t.co/M4FGmpune2
— Unitel Bolivia (@unitelbolivia) May 23, 2025
El descontento en Bolivia no responde solo a una coyuntura puntual, sino a un deterioro estructural de la economía que arrastra problemas de dependencia externa, baja diversificación y alta informalidad. La escasez de combustibles es solo el síntoma más visible de una crisis que amenaza con desbordar al gobierno.
En este contexto, las marchas no solo buscan soluciones inmediatas: también expresan una creciente desconfianza hacia el liderazgo actual y un hartazgo con las promesas incumplidas.