
El próximo 1º de junio de 2025, México vivirá un momento histórico al celebrar elecciones para 881 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Esta reforma, aprobada en septiembre de 2024, establece la elección por voto popular de los responsables de impartir justicia, rompiendo con el precedente donde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designaba a jueces y magistrados.
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un desafío logístico monumental: distribuir más de 601 millones de boletas para seleccionar cerca de 3.000 cargos en 19 estados. La magnitud de este proceso refleja la ambición de la reforma, pero también plantea preguntas sobre su viabilidad y legitimidad.
Morena sostiene que la elección popular democratizará un Poder Judicial históricamente elitista y alejado de las necesidades del pueblo. Candidatas como Lenia Batres y Loretta Ortiz, cercanas al oficialismo, han defendido la reforma, destacando su enfoque en la justicia social y el combate a la exclusión. Sin embargo, el hecho de que estas ministras de la SCJN participen como candidatas mientras ejercen sus cargos ha levantado críticas por posibles conflictos éticos.
Uno de los mayores cuestionamientos a la reforma es la afinidad partidista de los candidatos. Según un análisis reciente, el 36% de los aspirantes tienen vínculos con Morena, el 9% con la oposición y el 55% son independientes. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo órgano con amplias facultades para sancionar jueces sin supervisión superior, varios candidatos están ligados al partido gobernante. Esta inclinación hacia Morena plantea riesgos significativos para la independencia judicial.
Un Poder Judicial alineado con el Ejecutivo, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, podría debilitar la separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia. La exclusión de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, de eventos simbólicos como el aniversario de la Constitución de 1917, refuerza la percepción de un Ejecutivo que busca someter al Poder Judicial.
La calidad y antecedentes de los candidatos han generado preocupación. Entre los aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial se han identificado casos problemáticos: Silvia Delgado, exabogada de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y Leopoldo Chávez, un exnarcotraficante, han desatado críticas. Además, perfiles como Francisco Herrera Franco, investigado por el asesinato de periodistas, han generado al menos 20 impugnaciones lideradas por el senador Gerardo Fernández Noroña.
La evaluación de los candidatos revela que solo una minoría cumple con un mínimo de experiencia e independencia, mientras que muchos tienen trayectorias cuestionables o insuficientes. Esta disparidad pone en duda la capacidad del nuevo sistema para garantizar una justicia técnica y profesional.
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— Antonio Garci Nieto (@Garcimonero) May 27, 2025
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El contexto de violencia electoral en México añade otra capa de complejidad. En 2024, más de 30 aspirantes fueron asesinados y 77 amenazados, lo que sugiere que el crimen organizado podría influir en la elección judicial, como ya lo ha hecho en procesos locales. La presencia de candidatos con vínculos al narcotráfico refuerza estas preocupaciones, amenazando la integridad del proceso.
Además, la complejidad de la elección, con cientos de cargos en disputa y boletas masivas, podría desincentivar la participación ciudadana. Si la confianza en los candidatos y en el proceso se erosiona, la legitimidad de los nuevos jueces estará en entredicho, afectando la credibilidad del Poder Judicial en un momento crítico.
La elección judicial de 2025 representa una oportunidad única para transformar el Poder Judicial en una institución más cercana al pueblo, pero su implementación está plagada de desafíos. La fuerte presencia de candidatos afines a Morena, combinada con la inclusión de perfiles con antecedentes cuestionables, sugiere un riesgo real de politización que podría subordinar al Poder Judicial al Ejecutivo.
🗣️ Ejercer un voto informado en #EleccionesJudiciales es casi imposible:
— Mariana Campos (@mariana_c_v) May 22, 2025
• Entre 152 y 221 nombres para elegir hasta 37 cargos
• 6 boletas federales + locales en 19 estados
• Revisar perfiles tomaría 18+hrs
🧵sobre los problemas que ponen en duda la legitimidad del proceso👇 pic.twitter.com/kiHvl7dTzY
La falta de pluralidad en las candidaturas, con una representación mínima de la oposición, y la ausencia de un mecanismo robusto para garantizar la independencia del Tribunal de Disciplina Judicial amenazan con erosionar la separación de poderes, un principio esencial para la democracia mexicana. Además, la complejidad logística y la influencia del crimen organizado podrían minar la confianza ciudadana, reduciendo la participación y la legitimidad del proceso.
A pesar de estos riesgos, la reforma ofrece una oportunidad para replantear el papel del Poder Judicial en un país marcado por la desigualdad y la desconfianza institucional. Para que esta elección cumpla su promesa de democratización, es crucial que el INE y las autoridades electorales refuercen la transparencia, garanticen un proceso libre de injerencias y fomenten una participación ciudadana informada. El éxito de esta reforma no solo dependerá de los votos emitidos el 1 de junio, sino de la capacidad de México para construir un sistema judicial que equilibre la voluntad popular con la independencia y profesionalidad necesarias para impartir justicia. El mundo observa este experimento, y su resultado definirá el futuro de la democracia mexicana.