
por Florencia Gutiérrez
En un día cargado de protestas, que incluyen a los trabajadores del Hospital Garrahan, a la comunidad universitaria y a la científica tecnológica, en la Cámara de Diputados se presentará un nuevo proyecto de ley para garantizar el financiamiento a la educación superior. En este contexto, una primer punto a tener en cuenta es la Ley 27.757
Esta iniciativa tiene un antecedente inmediato en 2024, cuando diputados y senadores opositores habían consensuado un texto que oxigene las alicaídas arcas de las universidades, y sobre todo la de sus docentes y no docentes. Sin embargo, la Ley 27.757 fue vetada en octubre por el presidente Javier Milei, y el Congreso no logró reunir los dos tercios que se requieren para insistir con la propuesta.
¿Qué establecía la Ley 27.757 de financiamiento universitario? Preveía actualizar las partidas únicamente para el año 2024, en el contexto de que el Poder Ejecutivo Nacional gobernaba sin presupuesto (con el presupuesto prorrogado 2023) y por ende, destinaba recursos de manera discrecional, ajustando a las Universidades. Con el veto, Milei sostuvo su decisión de recortar 26% el presupuesto universitario. Es decir, en 2024, la educación superior dejó de recibir $1 de cada $4 que recibía el año anterior.
En este caso, la excusa del Gobierno nacional fue que el gasto no tenía ningún control y que era necesario auditar a estas instituciones. Un año y medio después, la excusa es la misma, y el sistema universitario sigue sin recibir los recursos necesarios. Tampoco es cierto que las Universidades Nacionales no sean auditadas: además de los sistemas de control internos, las leyes vigentes establecen que la Auditoría General de la Nación tiene la facultad de revisar sus cuentas.
En 2025,las autoridades nacionales decidieron nuevamente prorrogar el presupuesto y administrar los recursos de manera discrecional. Así, las universidades se mantienen en vilo, sin ninguna precisión de cuál es su presupuesto para este año. Administran en la incertidumbre.
Quienes se llevaron la peor parte del ajuste fueron los trabajadores. Los salarios de docentes y no docentes son el principal gasto de las universidades, ya que explican más del 80% de su presupuesto. Con decisiones paritarias unilaterales, en 2024, el Gobierno recortó 24% los salarios que están por encima de la garantía salarial docente: esto es, el piso mínimo que debe percibir un trabajador.
En lo que va de 2025, la situación lejos de mejorar, empeora. Los aumentos salariales de este primer cuatrimestre fueron de 1,5%, 1,2%, 1,3% y 1,3%. Muy por debajo de la inflación del mismo período: 2,2%, 2,4%, 3,7% y 2,8%. Es decir, en sólo cuatro meses, mientras los salarios subieron 5,4%, la inflación fue más del doble (11,6%). Así, a abril de 2025, los salarios se ubican 28% por debajo de noviembre de 2023.
Por su parte, la garantía salarial docente, congelada desde julio de 2024, aumentó en febrero 19%, también por debajo de la inflación del período, y alcanzó apenas los $308.642 brutos para un cargo simple, esto es, $250.000 de bolsillo.
Si hiciéramos el ejercicio de cuánto dejó de percibir un docente titular con dedicación semi exclusiva desde noviembre de 2023 a la fecha, el resultado es aterrador: más de cuatro salarios en tan solo 17 meses. A plata de hoy, implican $3,35 millones que el Estado les negó a cada uno de los docentes titulares de la Argentina. El ahorro del Estado es a costa de la calidad de vida de los trabajadores universitarios y de la calidad de la educación superior en nuestro país.
Las consecuencias no recaen sólo en los trabajadores sino en la calidad de la educación en su conjunto: docentes que deben recurrir a cada vez más empleos y más horas para llegar a fin de mes, o que directamente cambian de trabajo y abandonan la universidad pública, insumos para laboratorios que escasean, investigaciones que se paralizan, y, en definitiva, años de inversión tirados a la basura. Con estos antecedentes: ¿Qué calidad de educación se brinda en este contexto?