La publicidad gratuita en medios peruanos: ¿obligación social o injerencia estatal?

El Congreso de Perú ha dado un paso inédito en materia de comunicación social: desde ahora, todos los medios —públicos y privados— deberán otorgar gratuitamente un 10% de su programación a contenidos que promuevan la erradicación de la violencia contra mujeres y grupos familiares. Esta decisión busca fortalecer la lucha contra la violencia de género mediante campañas educativas masivas, integrando a los principales actores de la comunicación en la causa social.

Sin embargo, la medida —que modifica el artículo 46 de la Ley 30364— ha sido defendida como un avance en políticas de género, pero también despierta interrogantes sobre la sostenibilidad de los medios y la autonomía editorial. Muchos editores advierten que ceder tiempo o espacio sin retribución directa puede impactar sus finanzas, sobre todo en un contexto donde la publicidad privada también está en retroceso.

Implicancias para el sector mediático

La obligación incluye diarios, radios y televisoras, y se aplicará en horarios de protección familiar. Esto implica reconfigurar las parrillas y agendas, así como el flujo comercial de los medios. Aunque la norma prevé que las empresas puedan acceder a reducciones en el pago del canon por uso de espectro, muchos sostienen que la carga sigue siendo significativa, especialmente para medios pequeños o regionales con menos márgenes de ganancia.

Voces críticas advierten que el Estado no debe trasladar su responsabilidad comunicacional a privados sin una compensación equitativa. Algunos expertos en comunicación consideran que imponer cuotas gratuitas debilita la sostenibilidad de la prensa y puede abrir la puerta a futuras intervenciones que afecten la libertad de expresión y la pluralidad informativa.

El Estado y los medios: alianzas y tensiones

En la última década, Perú ha experimentado vaivenes legales sobre la publicidad oficial: desde prohibiciones absolutas, hasta declaraciones de inconstitucionalidad y ahora, la imposición de franjas educativas gratuitas. Este panorama refleja un dilema profundo: ¿cómo equilibrar la urgencia de campañas sociales —como la lucha contra la violencia de género— con la supervivencia económica y la libertad de prensa?

La congresista Mery Infantes, promotora de la ley, argumenta que la franja gratuita es necesaria para construir una cultura de respeto y equidad, y que los medios podrán beneficiarse indirectamente a través de incentivos fiscales. Sin embargo, la falta de consenso en el sector evidencia que la fórmula está lejos de ser ideal.

Congresista Mery Infantes.

Riesgos y oportunidades: el debate continúa

El mayor desafío radica en la ejecución: una implementación rígida podría erosionar la calidad informativa y la independencia periodística, mientras que un enfoque flexible permitiría al Estado y los medios construir sinergias reales a favor de la educación ciudadana. Más allá del objetivo noble, la experiencia internacional sugiere que la regulación de espacios gratuitos debe ser revisada periódicamente para evitar impactos negativos en la pluralidad mediática.

Riesgos y oportunidades: el debate continúa

La ley peruana coloca al país en el centro de un debate global: ¿cuánto puede —y debe— intervenir el Estado en la agenda de los medios?

Por un lado, la violencia de género exige respuestas contundentes y campañas masivas que transformen la cultura social y protejan derechos fundamentales. Pero, al mismo tiempo, la sostenibilidad y diversidad de la prensa no pueden sacrificarse en nombre de la urgencia social. Imponer obligaciones excesivas puede llevar a una prensa más dependiente o vulnerable ante el poder político, restringiendo el pluralismo y la calidad informativa.

La clave estará en encontrar un equilibrio que garantice derechos y responsabilidades para todos los actores del sistema comunicativo. Para ello, es imprescindible abrir el debate a todos los sectores, evaluar mecanismos de compensación real y asegurar que la prensa pueda seguir cumpliendo su misión informativa con independencia y solvencia, al tiempo que colabora con los objetivos sociales del Estado.