
El 10 de junio de 2024, un tribunal de Florida declaró a Chiquita Brands responsable de ocho asesinatos cometidos por paramilitares en Colombia. Esta decisión judicial reavivó el foco sobre una de las compañías más influyentes -y controvertidas- en la historia de América Latina.
En 2007, Chiquita ya había admitido haber pagado 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. Aunque la empresa argumentó que los pagos fueron realizados bajo amenazas, fue multada con 25 millones de dólares. Tras el veredicto de 2024, la compañía lamentó los hechos, aunque afirmó que "no había base legal" para las reclamaciones.
Chiquita es la heredera directa de la United Fruit Company, fundada en 1899. Esta empresa transformó radicalmente el negocio del banano en el continente, estableciendo operaciones en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Cuba y Jamaica.
Su influencia era tan profunda que dio origen al término "repúblicas bananeras" para describir países latinoamericanos cuya economía y política estaban supeditadas a los intereses corporativos. United Fruit llegó a controlar extensos territorios, influir en gobiernos y explotar a trabajadores, todo en nombre del comercio de frutas tropicales.
Uno de los episodios más oscuros fue la masacre de las bananeras en 1928 en Colombia, cuando una huelga de trabajadores terminó con cientos de muertos a manos del ejército colombiano, presuntamente por presiones de la empresa.
En 1954, la compañía tuvo un rol determinante en el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, promovido por la CIA. La reforma agraria impulsada por Árbenz, que afectaba intereses de United Fruit, fue uno de los detonantes de esta operación encubierta que marcó la política de Guatemala por décadas.
Durante la década de 1970, la United Fruit enfrentó múltiples crisis internas, escándalos de corrupción y una reputación cada vez más deteriorada. Se descubrieron intentos de soborno a gobiernos centroamericanos, lo que aceleró su transformación en Chiquita Brands International en 1990.
Actualmente, Chiquita tiene sede en Suiza y cuenta con alrededor de 18.000 empleados a nivel mundial. Aunque proyecta una imagen moderna de sostenibilidad y responsabilidad social, las recientes sentencias judiciales demuestran que su pasado aún genera consecuencias legales y éticas.
El caso de Chiquita demuestra que los crímenes corporativos cometidos en contextos de conflicto y represión pueden generar consecuencias judiciales incluso décadas después, como ocurrió con el veredicto de 2024 en Estados Unidos. A pesar del cambio de nombre y de estrategia empresarial, el pasado sigue alcanzando a las corporaciones en el presente.
En 2025, con una región más consciente de las implicancias del poder corporativo y con un sistema judicial estadounidense que empieza a responder a reclamos históricos, el ejemplo de Chiquita y United Fruit resurge como una advertencia. Las heridas abiertas por décadas de injerencia empresarial, sostenidas muchas veces por el respaldo geopolítico de Washington, siguen presentes en la memoria de América Latina.
Hoy, los países de la región enfrentan nuevos desafíos frente a capitales extranjeros -incluidos actores emergentes como China y Rusia-, pero el recuerdo de la United Fruit es un recordatorio de que el desarrollo soberano requiere memoria, justicia y regulación efectiva de los intereses transnacionales.