
Un informe de la Contraloría General de la República destapó un masivo fraude en el sistema de licencias médicas de Chile, protagonizado por más de 25.000 funcionarios públicos. Según la auditoría, estos empleados viajaron fuera del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica, totalizando unas 36.000 salidas internacionales durante periodos en los que debían estar inhabilitados por motivos de salud.
La magnitud del escándalo obligó al gobierno a tomar medidas inmediatas: más de 1.100 funcionarios del gobierno central ya dejaron sus cargos, mientras se iniciaron 6.592 sumarios administrativos en 131 instituciones estatales. El impacto se extiende desde ministerios hasta empresas públicas como Codelco y Metro, generando un terremoto institucional.
Las prácticas irregulares no se limitaron a simples viajes recreativos. Varios funcionarios aprovecharon sus licencias para cursar estudios en el extranjero, trabajar en el sector privado o incluso gestionar emprendimientos personales desde el exterior. Fonasa, el sistema público de salud, emitió el 69% de estas licencias, mientras que el 31% restante correspondió a isapres privadas.
En muchos casos, las licencias fueron otorgadas sin justificaciones médicas adecuadas o incluso por doctores coludidos. Esta connivencia entre funcionarios y ciertos profesionales de la salud ha encendido las alarmas sobre una red de corrupción institucionalizada que aprovechaba los vacíos de control existentes.
El presidente Gabriel Boric calificó el caso como "inaceptable" y aseguró que no habrá tolerancia para estas malas prácticas, que afectan directamente la credibilidad del Estado. Además de ordenar auditorías masivas, instruyó que se establezcan controles anuales sobre el uso de licencias médicas en el sector público, así como reformas legales para aumentar las penas por falsedad médica.
También se espera que la Superintendencia de Salud inicie procesos sancionatorios contra los médicos involucrados, en paralelo a las acciones disciplinarias y penales que recaerán sobre los funcionarios implicados. Las autoridades han prometido transparencia en todos los procedimientos y una reforma estructural del sistema.
De viaje con permiso falso: las miles de licencias que funcionarios públicos compraron en red criminalhttps://t.co/pOH0oFMfjm
— BioBioChile (@biobio) May 21, 2025
El escándalo ha generado una fuerte reacción en la opinión pública chilena, que ve en este episodio una muestra más del deterioro ético en la administración del Estado. La sensación de impunidad y el mal uso de recursos públicos aumentan el escepticismo ciudadano y golpean la legitimidad del gobierno.
A nivel político, la oposición ha aprovechado para criticar la gestión de Boric, mientras desde el oficialismo intentan mostrar que se está actuando con firmeza. Sin embargo, el daño reputacional al aparato estatal ya está hecho, y tomará tiempo recuperar la confianza perdida.
🇨🇱 | LICENCIAS PARA ROBAR:
— Thor (@Tor25899035) May 26, 2025
Fiestas, negocios y estudios en el extranjero… ¡con licencia médica! El fraude es brutal, descarado y masivo. Y el gobierno estaba al tanto, son una vergüenza para Chile. Están saqueando al país y nadie va preso. ¡Indignante! pic.twitter.com/lV2nKYnZHZ
Este caso no solo expone fallas administrativas, sino que evidencia una profunda crisis ética en el servicio público chileno. El uso fraudulento de licencias médicas revela una cultura de aprovechamiento personal, sostenida en la debilidad de los controles y en una laxitud normativa que fue tolerada durante años.
A largo plazo, el desafío del gobierno no será solo sancionar a los responsables, sino restablecer un sentido de deber y responsabilidad en los trabajadores del Estado. Eso implica no solo castigo, sino reformas estructurales y una renovación cultural en torno al compromiso con lo público.