
La Justicia de Bolivia sorprendió este miércoles al ordenar la suspensión inmediata de los contratos de explotación de litio firmados con gigantes estatales de Rusia y China, en un contexto de crisis política y creciente desconfianza en la administración de los recursos naturales. El fallo afecta directamente acuerdos con la rusa Uranium One Group (subsidiaria de Rosatom) y la china CATL BRUNP & CMOC, que preveían inversiones superiores a los mil millones de dólares en el estratégico salar de Uyuni.
Esta resolución responde a un amparo presentado por un exviceministro boliviano, quien cuestionó la legalidad y transparencia de los contratos firmados por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El Tribunal de Garantías de Potosí consideró que los acuerdos no pasaron por la Asamblea Legislativa, como exige la Constitución, lo que deja en el aire el futuro de los megaproyectos de extracción.
La reacción de las empresas extranjeras no se hizo esperar. Rosatom y las compañías chinas manifestaron "preocupación" y pidieron seguridad jurídica, subrayando que la inestabilidad legal puede poner en riesgo futuros desembolsos y la continuidad de los proyectos. Para Bolivia, esto implica un golpe directo a la confianza internacional, justo cuando el país atraviesa una de las peores crisis de reservas de divisas y escasez de combustibles de los últimos años.
Mientras tanto, el Gobierno de Luis Arce intenta minimizar el impacto, prometiendo revisar los procedimientos y asegurar que las inversiones seguirán en pie. Sin embargo, la oposición aprovecha el escándalo para exigir una auditoría independiente y mayor transparencia en la gestión del litio, advirtiendo sobre los riesgos de ceder soberanía a potencias extranjeras en un recurso estratégico.
Bolivia posee una de las mayores reservas mundiales de litio, un mineral clave para la transición energética y la producción de baterías para autos eléctricos. El control y la explotación del litio han sido tema de disputa interna y motivo de interés para gigantes globales, especialmente tras el auge de la electromovilidad y la presión de las grandes economías por asegurar suministros.
No es la primera vez que la administración boliviana enfrenta críticas por la opacidad en la adjudicación de contratos y la falta de consulta popular. Organizaciones sociales de Potosí, región donde se ubica el salar, han reclamado históricamente mayor participación y beneficios directos. El nuevo fallo judicial refuerza el debate sobre la propiedad y el destino del litio boliviano.
El golpe a los contratos con Rusia y China se produce en un momento de realineamiento geopolítico. Ambos países han invertido fuertemente en América Latina buscando acceso a recursos estratégicos. El revés en Bolivia puede afectar no solo la imagen de confiabilidad de estos actores, sino también la proyección de sus empresas en otros mercados latinoamericanos.
Por su parte, Estados Unidos y Europa observan con atención la puja por el litio boliviano, conscientes de la relevancia del mineral en la carrera tecnológica y la seguridad energética global. Cualquier paso en falso puede reconfigurar alianzas y aumentar la competencia en la región.
La suspensión de los contratos de litio en Bolivia es una muestra de los dilemas estructurales que enfrenta el país: atraer inversiones extranjeras y, al mismo tiempo, garantizar un manejo soberano y transparente de sus recursos. Si bien la decisión judicial responde a un reclamo legítimo de legalidad, el riesgo de perder inversiones en un contexto económico crítico es alto.
Para Bolivia, el desafío es doble: debe demostrar que es capaz de negociar con grandes potencias sin perder control ni credibilidad interna, y a la vez, evitar que la inestabilidad ahuyente capitales clave para su desarrollo. El caso servirá de prueba para la gobernanza de los recursos estratégicos en América Latina y para el equilibrio entre intereses nacionales y globales.