Ecuador suspende concesiones mineras chinas por daño ambiental en Napo

El Gobierno de Ecuador anunció la suspensión de cuatro concesiones mineras otorgadas a la empresa china Terraearth Resources S.A. en la provincia de Napo, en plena región amazónica. Las concesiones afectadas —Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho— forman parte del proyecto Tena y están ubicadas sobre el río Jatunyacu, una zona de alta sensibilidad ecológica.

La decisión fue tomada tras una inspección del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que reveló que la empresa había incumplido reiteradamente las normativas ambientales, incluyendo el plan de manejo ambiental aprobado y las obligaciones derivadas de su Licencia Ambiental.

Consecuencias y exigencias para la empresa china

Las autoridades ambientales ordenaron a Terraearth Resources implementar medidas correctivas inmediatas, enfocadas principalmente en la descontaminación de la tierra y el agua en la zona afectada. Solo tras cumplir con estas acciones podría recuperar la Licencia Ambiental y reanudar operaciones.

Desde el Ministerio de Energía y Minas se enfatizó que la suspensión responde a una política de control y vigilancia más estricta sobre las actividades mineras, especialmente en áreas con alto valor ambiental y presencia de comunidades indígenas.

Crisis de seguridad e impactos del crimen organizado

Esta decisión se enmarca en un contexto más amplio de preocupación creciente por la minería ilegal y su vínculo con el crimen organizado. La región amazónica ecuatoriana, particularmente en las provincias de Napo y Orellana, ha sido escenario frecuente de operaciones mineras fuera del marco legal.

Uno de los episodios más trágicos ocurrió el 9 de mayo de 2025, cuando 11 militares fueron asesinados durante un operativo contra la minería ilegal en la zona de Alto Punino. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC que actúa en la región.

Una advertencia firme a las empresas extranjeras

El caso de Terraearth Resources envía un mensaje contundente del Estado ecuatoriano a las empresas extranjeras que operan en ecosistemas frágiles: el cumplimiento de las normas ambientales es innegociable. Esta medida también refuerza la imagen de un Ecuador comprometido con una minería sostenible y respetuosa de su marco legal.

En un país donde los recursos naturales son eje de tensiones sociales, económicas y ambientales, esta suspensión podría marcar un precedente decisivo en la relación entre el Estado y las corporaciones internacionales del sector extractivo.

Selva de Napo, Ecuador. 

Claves geopolíticas y ambientales

La suspensión de las concesiones a una empresa china no solo tiene repercusiones a nivel local: también refleja un escenario regional de tensiones por la creciente influencia de empresas asiáticas en sectores estratégicos de América Latina. En Ecuador, el fortalecimiento del control ambiental comienza a consolidarse como una herramienta clave de soberanía estatal, especialmente en la preservación de la Amazonía y la lucha contra la violencia asociada a la minería ilegal.

Además, este caso pone de manifiesto la fragilidad institucional frente a los intereses extractivos globales y expone un dilema recurrente en la región: cómo equilibrar desarrollo económico, protección ambiental y derechos de las comunidades locales. La forma en que Ecuador gestione esta coyuntura será observada con atención por otros países, en un momento donde la presión por los recursos naturales se intensifica.

El futuro del modelo extractivo dependerá de la capacidad de los Estados latinoamericanos para imponer reglas claras, fortalecer la institucionalidad y priorizar el bienestar socioambiental sobre los intereses de corto plazo. La Amazonía no puede seguir siendo la zona de sacrificio de las ambiciones externas.