La Corte Suprema dio el golpe final a "La ruta del dinero K” y confirmó las condenas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves cerrar definitivamente uno de los expedientes más resonantes vinculados a causas de corrupción en la Argentina.

El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por los acusados en el caso conocido como la “ruta del dinero K” y dejó firmes las condenas dictadas años atrás contra Lázaro Báez y otros involucrados.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González.

Aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar apelaciones sin brindar fundamentos. Carlos Rosenkrantz, en disidencia, opinó que debía intervenir la Procuración General antes de resolver.

Con este fallo, queda confirmada la condena a 10 años de prisión para el empresario Báez, acusado de liderar maniobras de blanqueo de capitales por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

Las operaciones fueron montadas a través de una red de sociedades, cuentas en el extranjero y maniobras fiscales irregulares. La causa cobró enorme repercusión mediática tras la difusión de un video en 2016 que mostraba a su hijo manipulando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”.

También quedaron firmes las penas impuestas a otros implicados, como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (seis años), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros.

En total, 22 personas resultaron condenadas. Las hijas de Báez fueron sobreseídas por falta de pruebas concluyentes. El tribunal que juzgó el caso, el TOF 4, deberá ahora revisar el cumplimiento efectivo de las penas y evaluar las situaciones procesales individuales, como arrestos pendientes o penas en suspenso.

También quedaron ratificadas multas por cifras millonarias algunas superiores a los 300 millones de dólares y el decomiso de bienes valuados en al menos 65 millones.

El caso se remonta a 2013, cuando una investigación periodística derivó en una causa judicial que con el tiempo destapó una compleja trama de evasión fiscal, lavado de dinero y operaciones sospechosas vinculadas a Austral Construcciones, la principal empresa de Báez y contratista del Estado durante los gobiernos kirchneristas.

Por otro lado, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que inicialmente había sido sobreseída en esta causa, sigue en etapa de instrucción.

El sobreseimiento dictado por el juez Sebastián Casanello fue revocado por la Cámara Federal, luego de aceptar la intervención de una ONG como parte querellante. La Corte también rechazó por cuestiones formales los planteos de su defensa.

Con esta resolución, la Justicia da por cerrada una de las investigaciones más emblemáticas de las últimas décadas en torno al lavado de activos y la corrupción asociada al poder político.

FS