El Tecno-Optimismo sin ciencia: una paradoja peligrosa

El Gobierno actual se presenta como la punta de la modernidad que  promete llevar a Argentina a la vanguardia tecnológica. Sin embargo, sus políticas contradicen ese relato: en apenas 17 meses, han desmantelado el sistema científico nacional con una eficiencia destructiva inédita desde la recuperación democrática. Este martes, miles de investigadores se congregaron frente al Polo Científico de Palermo y en otras 14 ciudades –desde Córdoba hasta Comodoro Rivadavia– para denunciar lo que ya no puede ocultarse: el "cientificidio" no es una exageración, sino una realidad medida en despidos, presupuestos cercenados y líneas de investigación abandonadas. La paradoja es evidente: ¿cómo puede un gobierno que habla de futuro liquidar justamente las herramientas para construirlo?

Los números hablan por sí solos. El presupuesto en ciencia y tecnología ronda el 0,15% del PBI, un nivel inferior incluso al de 2002, cuando el país atravesaba su peor crisis económica. El CONICET, una de las instituciones científicas más respetadas y premiadas del mundo, hoy funciona a media máquina: sin nuevos ingresos a la carrera investigadora, con salarios que perdieron hasta el 40% de su poder adquisitivo y con subsidios paralizados. La Agencia Nacional de Promoción Científica, clave para financiar proyectos desde medicina hasta agroindustria, fue prácticamente desmantelada. Más de 1.500 despidos directos y otros 3.000 investigadores dejados en el limbo conforman un escenario que los propios científicos comparan con "una heladera que nadie repone": cuando se acaben los recursos actuales, no habrá reposición. 

Detrás de estas cifras hay una pregunta fundamental: ¿puede un país subdesarrollado confiar ciegamente en que el sector privado reemplazará lo que el Estado deja de hacer? La historia argentina y mundial demuestran que no. Empresas como INVAP o Bioceres –ejemplos citados como "éxitos privados"– nacieron precisamente de incubadoras estatales y de décadas de investigación pública. Incluso en Silicon Valley, mito del emprendedurismo, el 75% de las tecnologías disruptivas surgieron de proyectos financiados inicialmente por agencias gubernamentales como DARPA. El sector privado invierte donde hay rentabilidad segura y a corto plazo; ningún laboratorio farmacéutico, por ejemplo, investigaría el Mal de Río Cuarto –una enfermedad que solo afecta al maíz argentino– porque no resulta "económicamente viable". Sin el INTA, ese conocimiento se perdería para siempre.

El argumento de que "el mercado resuelve" choca con otra realidad: la fuga de cerebros ya está en marcha. Tres de cada diez doctores en física, química y biología han emigrado en el último año, según datos de la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior. Las universidades reportan un desplome del 40% en las inscripciones a carreras científicas, un dato que anticipa un vaciamiento aún mayor. Mientras Chile y Brasil aumentan su inversión en I+D, Argentina parece empeñada en un experimento peligroso: comprobar cuánto puede deteriorarse un sistema científico antes de colapsar.

Las imágenes de investigadores marchando con carteles que decían "Nadie se salva solo" resumen la encrucijada. La ciencia no es un gasto, sino la única herramienta que permite a las naciones periféricas dejar de ser eternas consumidoras de tecnologías ajenas. Un gobierno que se jacta de su tecno-optimismo mientras desarma el CONICET y el INTA no está ahorrando recursos: está firmando, con cada recorte, un acta de dependencia. El futuro no se compra en el mercado; se construye con políticas públicas. Y ese futuro, hoy, está siendo demolido con la misma eficacia con que otros gobiernos derribaron ferrocarriles e industrias.