
El crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en el barrio cerrado Villa Golf de Río Cuarto, volvió a ser noticia. Es que el juez de Control, Diego Ortiz, rechazó el pedido de prescripción solicitado por la defensa de Roberto Marcos Bárzola, recientemente imputado por abuso sexual seguido de muerte.
Sin embargo, su decisión limitó el proceso a la figura de un "juicio por la verdad", una instancia judicial que no permite dictar condena penal.
Bárzola, un parquetista que había trabajado en la casa de la víctima, fue imputado a fines de 2024 luego de que nuevos análisis de ADN lo vincularan con el crimen. Según consta en el expediente, su perfil genético fue hallado tanto en la bata con la que se habría producido el estrangulamiento como en un vello púbico encontrado en el cuerpo de Dalmasso. Frente a esto, su defensa solicitó el cierre definitivo de la causa por el paso del tiempo.
No obstante, tanto el fiscal Pablo Jávega como los abogados de la familia Dalmasso, Gustavo Liebau y Mariángeles Mussolini, se opusieron al pedido. Argumentaron que la causa no puede darse por prescripta en forma automática, ya que durante años estuvo centrada exclusivamente en la hipótesis que involucraba al entorno familiar de la víctima, especialmente al viudo Marcelo Macarrón y a su hijo Facundo. Esa línea de investigación, que dominó la causa durante más de una década, impidió desarrollar otras hipótesis y dilató la posibilidad de descubrir nuevas pruebas.
En su resolución, Ortiz no mencionó expresamente que la causa haya prescripto. Sin embargo, al limitar el procedimiento a un juicio por la verdad -una figura que permite reconstruir hechos sin facultad de condenar-, dio a entender que el tiempo transcurrido impide la continuación de una acción penal.
Desde la querella, la abogada Mariángeles Mussolini calificó la medida como “una victoria parcial”, ya que si bien se reconoce que hay pruebas que comprometen a Bárzola, también se confirma que “el riesgo de impunidad sigue presente”.
En declaraciones públicas, Mussolini aseguró que el caso Dalmasso expone con claridad “patrones de impunidad estructural” que deben ser debatidos a fondo en el sistema judicial argentino.
Actualmente, la familia Macarrón analiza apelar la resolución ante la Cámara de Río Cuarto, con el objetivo de que se reconsidere la posibilidad de llevar adelante un juicio penal contra el parquetista. Consideran que limitar la causa a una instancia meramente declarativa vulnera el derecho de la familia a obtener justicia efectiva y niega la posibilidad de sancionar al presunto responsable.
El caso Dalmasso, que lleva casi 19 años sin una condena, se convirtió en un emblema de las dificultades del sistema judicial para investigar con celeridad, respetar el debido proceso y garantizar que los hechos no queden impunes, incluso cuando emergen nuevas pruebas significativas. La nueva resolución judicial refuerza esa paradoja: hay un sospechoso identificado por pruebas científicas, pero el proceso queda atado a una instancia que, por definición, no puede juzgarlo penalmente.
LN