
La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este 30 de mayo para que el gobierno de Donald Trump revoque el "parole humanitario" otorgado a cientos de miles de migrantes por la administración Biden. La decisión, que anula temporalmente una orden federal que protegía el programa, supone un punto de inflexión en la política migratoria del país y refuerza el enfoque de Trump en el control de fronteras.
El programa de "parole" había sido una vía de ingreso legal temporal para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, el gobierno actual sostiene que se utilizó de forma masiva sin el debido control y que su desmantelamiento permitirá reducir el ingreso irregular y acelerar deportaciones de quienes ya están en suelo estadounidense.
El respaldo político a la medida creció en las últimas semanas tras hechos que provocaron conmoción pública. En Texas, una joven de 17 años llamada Ava Moore murió tras ser atropellada en una moto acuática. La mujer acusada, según informó Univisión Dallas, es una migrante sin estatus migratorio regular.
Este y otros casos similares han sido usados como argumento por sectores que exigen “orden y seguridad” en la frontera, insistiendo en que los beneficios migratorios no deben convertirse en una puerta abierta a potenciales riesgos sociales. Aunque no todos los migrantes cometen delitos, la falta de controles sólidos permite abusos del sistema.
Ava Moore, 18, had just graduated Air Force Preparatory School and was planning on joining the Academy.
— Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 28, 2025
She was killed when a driver on a jet ski crashed into her while she was kayaking before fleeing the scene.
Two illegals from Venezuala were arrested for the crime.
Will… pic.twitter.com/8TXo44Akpk
La sentencia del Supremo fue adoptada sin explicación detallada, como suele ocurrir en casos de emergencia. Sin embargo, las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor se manifestaron en contra, alegando que la revocación podría tener efectos devastadores para cientos de miles de personas. Jackson señaló que se pone en riesgo la integridad de familias ya integradas en EE.UU.
Pese a esas objeciones, el dictamen fortalece el argumento del Ejecutivo de que los programas masivos deben estar sujetos a una fiscalización rigurosa. El DHS aseguró que seguirá revisando cada caso conforme a la ley vigente.
Esta decisión marca un nuevo paso en el desmantelamiento de las políticas migratorias de Biden. Semanas atrás, Trump ya había avanzado en la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos. Ahora, con el fin del "parole", la administración reafirma su compromiso con una inmigración legal, segura y controlada.
El mensaje es claro: el sistema no está para ser explotado. Y aunque la batalla legal aún no ha terminado, el gobierno republicano ha logrado una victoria simbólica y operativa que podría redefinir el futuro migratorio inmediato de Estados Unidos.
🚨BREAKING: The Supreme Court is allowing Trump to strip Temporary Protected Status (TPS) protections from more than 350,000 immigrants.
— Beyond the Ballot (@beyondballott) May 30, 2025
Among the group now facing deportation are Haitian migrants in Ohio who faced baseless lies from Trump during the September debate, where he… pic.twitter.com/wnNW5gM00u
Con esta resolución, Trump consolida un discurso que vincula control migratorio con seguridad interna, un binomio que gana peso en el escenario electoral de 2025. Aunque las críticas señalan la dureza de la medida, también es cierto que en toda democracia el Estado debe tener la capacidad de decidir quién entra, bajo qué condiciones y con qué garantías.
La política migratoria no es solo un asunto humanitario: también es una cuestión de soberanía y responsabilidad institucional. La decisión del Supremo, aunque transitoria, refuerza esa premisa.