
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un crudo diagnóstico sobre la situación económica de Bolivia, advirtiendo que las políticas actuales del gobierno son insostenibles y podrían desencadenar una crisis severa si no se implementan cambios urgentes. El informe detalla cómo el modelo económico boliviano, sustentado en controles de precios, subsidios generalizados y un tipo de cambio fijo, ha erosionado progresivamente la estabilidad macroeconómica.
La caída de las exportaciones de gas natural, sumada a una menor inversión pública y conflictos sociopolíticos, ha limitado la capacidad de crecimiento del país. Además, el uso continuo del financiamiento monetario del déficit fiscal ha agravado la situación. Las reservas internacionales se han visto gravemente afectadas, y el país ha perdido acceso a financiamiento externo, dificultando el pago de importaciones y compromisos financieros.
El FMI alerta que el modelo actual no puede sostenerse sin reformas estructurales profundas. Entre las recomendaciones principales están la devaluación inicial del tipo de cambio, acompañada por un ajuste fiscal gradual y sostenido que permita recuperar el equilibrio presupuestario. A su vez, el informe enfatiza que es clave fortalecer la red de seguridad social, para proteger a los sectores más vulnerables de los efectos colaterales de un posible aumento de precios.
Uno de los focos de preocupación es la escasez de dólares en el sistema formal, lo que ha impulsado la aparición de un mercado paralelo donde la divisa estadounidense se cotiza a más del doble del tipo de cambio oficial. Esta diferencia cambiaria ha generado un fuerte encarecimiento de productos importados, especialmente alimentos, lo que a su vez alimenta la inflación.
Si bien Bolivia mantiene una de las tasas de inflación más bajas de la región de forma oficial, esto se ha logrado a costa de elevados subsidios y controles estrictos que ya muestran signos de agotamiento. La inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 5,95%, y se proyecta que siga en aumento si no hay correcciones.
En este contexto, el FMI advierte que las opciones se están agotando. Recomienda que el ajuste se haga de manera ordenada y progresiva para evitar un colapso abrupto. Si el gobierno decidiera mantener el tipo de cambio fijo, sería necesario un ajuste fiscal del 3% del PBI desde 2024, algo que luce complejo en un entorno político inestable.
La advertencia del FMI no es nueva, pero esta vez llega con un tono particularmente urgente. La situación boliviana recuerda los riesgos de los modelos económicos dependientes de commodities y del gasto público financiado con deuda o emisión. El agotamiento de las reservas, sumado al aislamiento financiero internacional, estrecha el margen de maniobra del gobierno.
El dilema es profundo: mantener la estabilidad política en el corto plazo o asumir costos sociales para evitar un deterioro mayor. Las decisiones que tome el Ejecutivo en los próximos meses serán clave no solo para la economía, sino también para la gobernabilidad del país.
Bolivia se encuentra ante una encrucijada que pondrá a prueba no solo la capacidad técnica del gobierno para aplicar medidas de corrección, sino también su voluntad política de enfrentar decisiones difíciles. La advertencia del FMI es clara: sin ajustes, el país podría enfrentarse a una crisis macroeconómica profunda.
Entre el cortoplacismo y la sostenibilidad, el Ejecutivo deberá elegir un camino. Si opta por posponer las reformas, las consecuencias podrían ser más costosas a mediano plazo. Pero si se decide por un cambio ordenado, aún hay margen para recuperar la estabilidad.