
Brasil sorprendió al mundo con un crecimiento del 1,4% del PIB en el primer trimestre de 2025 y una reducción del desempleo al 6,6%, su nivel más bajo desde 2012. Estos indicadores reflejan una economía en proceso de reactivación, impulsada por el consumo interno, el repunte del sector agropecuario y el crecimiento de las exportaciones.
Sin embargo, estos datos alentadores no fueron suficientes para tranquilizar a los mercados financieros ni a las agencias calificadoras. Moody’s redujo la perspectiva crediticia de Brasil de “positiva” a “estable”, manteniendo la calificación en Ba1, un escalón por debajo del grado de inversión. La medida refleja una creciente preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
La calificadora fundamentó su decisión en el deterioro de la asequibilidad de la deuda y en la lentitud de las reformas fiscales estructurales. Según su informe, la deuda pública bruta alcanzaría el 88% del PIB en los próximos cinco años, muy por encima del 82% proyectado en octubre de 2024.
Además, Moody’s advirtió sobre la rigidez del gasto público y el aumento de los costos de financiamiento, dos factores que obstaculizan la capacidad del gobierno para estabilizar sus cuentas. Aunque la rebaja no implicó una degradación de la nota, envió un mensaje claro sobre la urgencia de adoptar medidas fiscales más profundas.
El Ministerio de Hacienda reaccionó con rapidez, reafirmando su compromiso con la responsabilidad fiscal y anunciando la continuidad de las reformas. No obstante, la reciente suba del Impuesto a las Operaciones Financieras (IOF) al 3,5%, seguida de una revocación parcial, generó incertidumbre y tensiones dentro del oficialismo.
La medida provocó fuertes críticas del sector empresarial y alimentó especulaciones sobre posibles cambios en el gabinete económico. Algunos medios sugieren que Fernando Haddad podría ser reemplazado por Aloizio Mercadante, actual presidente del BNDES, lo que reflejaría una disputa interna por el rumbo económico del país.
Pese al crecimiento y la caída del desempleo, persisten serias debilidades estructurales. La rebaja de Moody’s evidencia que el crecimiento económico no es sostenible sin un marco fiscal sólido y una agenda reformista creíble.
Brasil enfrenta el desafío de consolidar su recuperación sin perder credibilidad ante los inversores. En un contexto internacional inestable, los países emergentes deben demostrar no solo capacidad de crecimiento, sino también coherencia fiscal y estabilidad institucional.
La decisión de Moody’s deja al descubierto las fragilidades del modelo económico actual. Aunque el empleo mejora y el consumo se reactiva, la deuda continúa siendo el punto más vulnerable. Sin un ajuste estructural serio, Brasil corre el riesgo de entrar en una espiral de crecimiento estancado y presión financiera.
El gobierno de Lula da Silva debe encontrar un equilibrio entre el estímulo económico y la consolidación fiscal. Si logra avanzar con reformas efectivas sin sofocar la recuperación, podría recuperar la confianza internacional y acercarse nuevamente al codiciado grado de inversión.