México votó: el legado de Claudia Sheinbaum en juego

México atravesó una jornada singular al elegir mediante voto popular a más de 800 cargos del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte. Es la primera vez en la historia del país —y del mundo— que se somete a escrutinio electoral una estructura tan compleja de justicia. La votación masiva no solo ha modificado la relación entre el pueblo y la ley, sino que abre un capítulo inédito en el sistema institucional mexicano.

La participación fue modesta pero significativa en términos simbólicos, en especial en zonas urbanas como Ciudad de México y Guadalajara, donde se concentraron los votos más conscientes y politizados. Sin embargo, la complejidad de las boletas, el desconocimiento de los candidatos y el perfil técnico del cargo provocaron también apatía e incluso votos nulos en masa. El dilema quedó planteado: ¿cómo ejercer un voto informado en una materia altamente especializada?

Un sistema judicial plebiscitado

La elección judicial surgió de la reforma impulsada en 2024 por Andrés Manuel López Obrador y consolidada bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. En su núcleo, propone acercar la justicia al pueblo y democratizar el acceso al poder judicial, tradicionalmente percibido como elitista y opaco.

Pero con esta apertura llegó el riesgo: algunos candidatos carecen de experiencia judicial, y hay sospechas de vínculos partidarios o clientelares. Organizaciones civiles y observadores internacionales han advertido sobre la posible vulnerabilidad de estos funcionarios frente a presiones políticas o incluso criminales. Aún no hay pruebas concretas, pero el fantasma de la captura institucional ronda la discusión pública.

La desinstitucionalización como amenaza latente

Este proceso dejó ver un Estado que experimenta en vivo con su arquitectura. El Poder Judicial, históricamente concebido como contrapeso técnico y neutral, entra en el terreno movedizo del mandato popular. Si bien esto puede fortalecer su legitimidad de origen, también pone en jaque su independencia práctica. El resultado es una justicia plebiscitada, pero no necesariamente más profesional.

Los colegios de abogados y las universidades fueron los sectores más críticos, alertando sobre la dificultad de evaluar el mérito de cada postulante en condiciones de campaña política. Sin duda, esta votación inaugura una transición institucional de final incierto.

Formadores del Instituto Nacional Electoral organizan el material electoral, en Jalisco, este miércoles.AFP

Una elección que interpela a toda la región

Más allá de sus fronteras, la elección mexicana es observada como un laboratorio. Algunos gobiernos latinoamericanos han comenzado a debatir esquemas similares, mientras que otros temen que el modelo erosione el principio de separación de poderes.

El caso mexicano abre una pregunta profunda: ¿puede un juez ser electo como un diputado sin perder el principio de imparcialidad? La respuesta aún está en construcción.

Entre la política y la ética 

El proceso electoral judicial en México es, al mismo tiempo, una victoria cívica y un salto al vacío. La intención de democratizar el Poder Judicial responde a una deuda histórica, pero sin una arquitectura técnica y educativa sólida, corre el riesgo de debilitar la justicia en vez de fortalecerla.

La verdadera prueba empezará ahora: los jueces electos tendrán que demostrar que pueden ejercer sus funciones con independencia, criterio jurídico y sin caer en tentaciones partidarias. Si logran superar ese umbral, México habrá escrito una página ejemplar. Si fracasan, podría convertirse en una advertencia regional sobre los límites de la democracia directa en asuntos técnicos.