Cómo es el bloqueo judicial que busca terminar con Roja Directa y Magis TV

02/06/2025 | Durante la final de la Champions League y del Torneo Apertura, se realizó un inédito operativo junto a Globant.

La Justicia argentina implementó un inédito operativo contra la piratería.

Mientras un individuo vestido de negro y con un pasamontañas, “robaba” la pelota con que Huracán y Platense iban a dar inicio a la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizaba un operativo judicial sin precedentes.

La inefable campaña de marketing que buscaba visibilizar la importancia de pagar el Pack Fútbol y no ver los partidos por aplicaciones “truchas”, estuvo precedida por un inédito proceso judicial que incluyó la colaboración del gigante tecnológico Globant.

Se trató del primer bloqueo judicial dinámico de señales ilegales, que afectó el funcionamiento de las aplicaciones Magis TV y Flujo TV, dos de las plataformas más utilizadas para ver transmisiones de fútbol sin derechos.

El equipo de Huracán con un banner alusivo a la campaña de marketing contra la piratería.

Según trascendió, el operativo fue coordinado por el fiscal Carlos Musso, especializado en cibercrimen, quien activó un esquema de control técnico basado en un listado de DNS e IPs elaborado por peritos informáticos.

La medida se implementó tras una resolución del juez Rossignoli, que ordenó al ENACOM y a Google bloquear sitios, dominios y desinstalar esas aplicaciones, alegando presunta infracción a la Ley de Propiedad Intelectual 11.723.

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— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 2, 2025

Lo más importante del fallo es que habilita el bloqueo sin nueva orden judicial en caso de que los servicios se reconfiguren o migren de servidor. Sin embargo, este llamado “bloqueo dinámico” marca un precedente en Argentina y generó polémica entre especialistas en derecho digital.

Para el investigador Martín Becerra, “la segunda parte de la resolución, que ordena a Google desinstalar apps en Android, es de dudosa legalidad y difícil concreción”. El caso continuará por la vía judicial y podría haber novedades si las empresas afectadas u organizaciones de derechos digitales impugnan las medidas.