
Los resultados preliminares de las primeras elecciones judiciales en México dejaron en evidencia un proceso complejo, polémico y con escasa legitimidad ciudadana. Apenas entre el 12.57% y el 13.32% del padrón acudió a votar, según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que significa que cerca de 13 millones de mexicanos participaron de un total de más de 98 millones habilitados.
A pesar del optimismo oficial, que comparó favorablemente esta participación con ejercicios anteriores, el dato es demoledor para una reforma que aspiraba a reconectar al pueblo con el Poder Judicial. En la práctica, más del 85% de los ciudadanos eligió no involucrarse, dejando en manos de una minoría la composición de un poder clave del Estado.
Los resultados favorecen ampliamente a candidaturas vinculadas al oficialismo. Entre los más votados figuran nombres como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas con antecedentes cercanos a Morena o al expresidente López Obrador. La oposición ha denunciado que esta elección no fortalece al sistema judicial, sino que lo subordina aún más al poder político.
La gran mayoría de los votantes reconoció desconocer a los candidatos y sus trayectorias. Sin información clara, muchos votaron al azar o simplemente invalidaron su boleta. El proceso careció de campañas informativas eficaces y de un mecanismo real de evaluación técnica de los postulantes, lo que convierte a este experimento en una votación más simbólica que racional.
Aunque son procesos electorales distintos, los 13 millones de votos de las #EleccionesJudiciales son más de lo que cualquier partido político (a excepción de Morena) obtuvo en la elección presidencial de 2024.
— Braulio Luna (@brauliolunan) June 2, 2025
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Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el proceso superó en participación a consultas anteriores, juristas, académicos y observadores internacionales encendieron las alarmas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos como Human Rights Watch señalaron con preocupación el debilitamiento potencial de la independencia judicial.
México podría haber abierto un peligroso precedente. Al politizar el mecanismo de elección de jueces, se corre el riesgo de transformar al Poder Judicial en un órgano de respaldo ideológico, más que en un contrapeso institucional. Aunque aún es temprano para emitir veredictos definitivos, el diseño del sistema parece más orientado a premiar lealtades que méritos.
He seguido cientos de elecciones en todo el mundo, pero nunca vi algo tan patético, peligroso y vergonzoso como la “elección judicial” en México.
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) June 2, 2025
No solo la participación es bajísima, los pocos que fueron ni saben a quien votaron.#EleccionesJudiciales pic.twitter.com/KXSUwhDAoI
Más allá de la retórica triunfalista del oficialismo, los resultados de la elección judicial dejan una advertencia: democratizar no es lo mismo que debilitar. Sin una arquitectura técnica que respalde la elección, y sin ciudadanía informada, el proceso puede derivar en un retroceso institucional.
México está a tiempo de revisar y corregir. Si la intención era acercar la justicia al pueblo, será necesario un rediseño profundo que garantice independencia, competencia y transparencia. De lo contrario, la justicia quedará expuesta a los mismos vicios que la reforma prometía erradicar.