Panamá de José Raúl Mulino defiende el orden ante protestas radicalizadas

Panamá atraviesa una crisis social que ya lleva más de un mes, con protestas que comenzaron como manifestaciones pacíficas pero han derivado en bloqueos prolongados, daños a la infraestructura, ataques a comercios y amenazas a la seguridad ciudadana. En este contexto, el gobierno de José Raúl Mulino defiende sus acciones como necesarias para restaurar el orden y proteger los derechos de la mayoría de los panameños.

La aplicación de medidas excepcionales ha sido respaldada por diversos sectores sociales que se ven directamente afectados por la parálisis de servicios, el cierre de rutas logísticas clave y la interrupción de la actividad económica. La población exige soluciones concretas y estabilidad institucional, mientras la narrativa de una supuesta "represión" es cuestionada por su falta de contexto y generalizaciones excesivas.

El gobierno no reprime: protege a la población

Las detenciones efectuadas durante los operativos responden a denuncias concretas de vandalismo, sabotaje y amenazas contra la propiedad pública y privada. Según fuentes oficiales, muchas de las capturas han sido producto de flagrancia y con evidencia documentada, como videos y testimonios ciudadanos.

La intervención en zonas indígenas también ha sido presentada por el Ejecutivo como una acción de seguridad tras denuncias internas sobre cooptación de las movilizaciones por grupos radicalizados que no representan a toda la comunidad. En ese sentido, la prioridad ha sido evitar enfrentamientos mayores, garantizar el libre tránsito y restablecer los servicios esenciales.

Domingo Latorraca (@dlatorracam), socio de la firma ELEMÉNTE, habla en #PnamaEnDirecto del informe sobre el impacto de las protestas.

"62% de las empresas reportan efectos altos o medios en sus ingresos, mientras que el 44% indica que su cadena de suministro está sufriendo… pic.twitter.com/xEvdalKucV

— Panamá En Directo (@panamaendirecto) June 2, 2025

Estabilizar para reconstruir

En un país donde el canal, los puertos y el comercio internacional son neurálgicos, la estabilidad no es una opción: es una necesidad. El gobierno de Mulino, criticado por sectores de la oposición, responde con firmeza pero dentro del marco legal. No se trata de silenciar demandas, sino de evitar que una protesta sin límites termine perjudicando a millones.

En un escenario global complejo, Panamá necesita confianza institucional. La defensa del orden no es represión: es la base para que el diálogo sea posible y las reformas tengan sustento real.