Procesan a una contadora acusada de liderar un "mega fraude" fiscal en La Plata

La resolución judicial, de más de 150 páginas, describe cómo Natalia Foresio organizó una red de facturación apócrifa que implicó a decenas de empresas y personas físicas.

Según el juez, Foresio no solo participó activamente en la emisión de facturas falsas, sino que controlaba una oficina paralela que gestionaba los documentos societarios y las claves fiscales de las empresas fantasma.

Estas firmas, algunas de las cuales compartían sede con su estudio contable, emitían comprobantes truchos que luego eran revendidos y usados por otras empresas para obtener créditos fiscales espurios.

El procesamiento destaca que la contadora era la pieza central de una estructura organizada, con un nivel técnico y profesional que requería acceso a herramientas fiscales clave.

El juez Ernesto Kreplak también rechazó su pedido de arresto domiciliario, considerando que su conocimiento podría facilitar una fuga o entorpecer la investigación. Además, prohibió cualquier acceso a redes informáticas y dispositivos electrónicos vinculados a la causa.

Aunque la defensa insiste en que su rol fue meramente técnico, el juez concluye que Foresio participó activamente en una asociación ilícita que operó a gran escala, con ramificaciones que podrían extenderse a más imputados en el futuro.

La investigación también se extiende a los clientes del estudio contable de Foresio, quienes estarían involucrados en la red de facturación apócrifa. Según el auto de procesamiento, más de 140 personas físicas y jurídicas figuran bajo la lupa judicial, algunas de ellas vinculadas a empresas que utilizaron las facturas falsas para evadir impuestos.

En cuanto a las empresas, se destaca el caso de "Romaco Mantenimiento y Construcciones S.A.", cuyos directivos también están bajo investigación, junto con otras firmas que participaron en el circuito de facturación falsa, como "Distribuidora Alcaraz S.A.".

Además, se han identificado conexiones con emprendimientos turísticos vinculados a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), así como con el Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires (SSP), cuyas relaciones con las empresas involucradas aún están siendo evaluadas.