
El Banco de México reportó que en abril de 2025 ingresaron 4.761 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa una caída del 12,1% respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra marca el descenso más pronunciado desde 2012, generando inquietud sobre el impacto que esta baja pueda tener en millones de hogares mexicanos que dependen de estos ingresos.
La baja se explica por una combinación de factores: menos operaciones (una disminución del 8,1% en transacciones) y una reducción del 4,4% en el monto promedio, que se ubicó en 385 dólares por envío. En total, entre enero y abril de este año, las remesas sumaron 19.015 millones de dólares, un 2,5% menos que en el mismo periodo de 2024.
Analistas apuntan a un entorno más hostil para los migrantes en Estados Unidos como una causa principal. Bajo la administración de Donald Trump, se han intensificado las redadas, se han eliminado protecciones y ha regresado el discurso de criminalización hacia los migrantes. Este ambiente ha generado miedo entre quienes sostienen económicamente a sus familias desde el extranjero.
Además, la posible implementación de un impuesto del 3,5% a las remesas ha encendido alarmas en las comunidades migrantes, que temen que sus transferencias no lleguen completas o se encarezcan significativamente. El temor a represalias o medidas fiscales ha disuadido a muchos de enviar dinero de forma regular.
El mercado laboral estadounidense también muestra señales de debilitamiento, lo cual podría limitar las posibilidades de envío de dinero. Un descenso en la calidad del empleo, salarios estancados y condiciones más inestables generan dificultades adicionales para los trabajadores mexicanos en el exterior.
La combinación de presión económica y política ha comenzado a erosionar lo que hasta 2024 fue una fuente récord de ingresos para México: 64.750 millones de dólares en remesas en ese año. Esa cifra, histórica, ahora contrasta con un 2025 incierto y desafiante.
En muchas regiones de México, especialmente en los estados del sur y centro, las remesas representan más del 50% de los ingresos familiares. Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca son particularmente dependientes de estos flujos. Una caída sostenida podría traducirse en aumento de la pobreza, deserción escolar y deterioro de servicios básicos.
Además, el impacto se extiende a la economía local: menos remesas implican menor consumo, lo que frena el comercio, reduce la recaudación fiscal y pone presión sobre programas sociales. El efecto dominó puede sentirse en todo el tejido económico informal.
Frente a este panorama, el gobierno mexicano deberá actuar con rapidez. Entre las posibles respuestas se contempla fortalecer apoyos internos a familias receptoras, ofrecer créditos accesibles, impulsar empleo local y abrir canales de diálogo diplomático con Washington para evitar mayores barreras.
También se sugiere revisar la legislación sobre transferencias internacionales, buscando proteger a los migrantes de abusos o costos excesivos. La estabilidad financiera de las familias más vulnerables debe ser una prioridad en la agenda social y fiscal del país.
La caída de las remesas no solo representa un fenómeno económico, sino también un indicador social de gran sensibilidad. Si las restricciones en EE. UU. se mantienen o se profundizan, y se concretan medidas fiscales como el impuesto a los envíos, México podría enfrentar una reducción estructural en el flujo de divisas desde el exterior.
El futuro dependerá de decisiones políticas en ambos países. Lo cierto es que para millones de mexicanos, las remesas no son una cifra macroeconómica: son sustento, salud y educación. Proteger ese canal es, en esencia, proteger la vida cotidiana de una parte crucial del país.