
El gobierno de Perú ha decidido reducir en más de 2.400 kilómetros cuadrados el área protegida de las Líneas de Nazca, uno de los patrimonios culturales más icónicos del país. La medida, anunciada este 4 de junio por el Ministerio de Cultura, se justifica como una "optimización de la gestión" del sitio, basada en estudios técnicos en colaboración con la Universidad de Yamagata de Japón.
La superficie del área protegida pasará así de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados. La cartera de Cultura sostiene que esta redefinición permitirá enfocar los esfuerzos en zonas con geoglifos confirmados y dejar fuera terrenos que, según los estudios, no presentan evidencia de patrimonio arqueológico.
La decisión ha desatado un fuerte rechazo en la comunidad arqueológica peruana. El Colegio de Arqueólogos del Perú denunció que los estudios utilizados no abarcan de forma exhaustiva todo el territorio afectado, en parte por restricciones presupuestarias, y podrían dejar sin resguardo zonas aún no exploradas.
Ante esta incertidumbre, el gremio solicitó la renuncia del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y evalúa acciones legales para revertir la resolución. "No hay garantía de que no se afecte patrimonio aún no identificado", advirtieron en un comunicado.
El contexto de esta reducción es aún más preocupante debido a la presencia histórica de minería informal e ilegal en las cercanías de las Líneas de Nazca. En 2020, se detectó un campamento minero dentro del área arqueológica, lo que demostró la fragilidad del sitio frente a actividades extractivas no autorizadas.
Diversos expertos y medios locales alertan que la nueva delimitación podría facilitar el avance de estas actividades en zonas liberadas de protección, dejando expuestos geoglifos no catalogados o superficies con potencial valor patrimonial.
Santiago Alfaro, sociólogo y exfuncionario de Cultura, calificó la decisión como "una renuncia activa a proteger el patrimonio" y advirtió que abre un precedente grave para otros sitios emblemáticos del país, como Caral o incluso Machu Picchu.
"No es solo un recorte técnico. Es una redefinición del rol del Estado en la defensa de su legado cultural. Y eso tiene consecuencias que trascienden el caso Nazca", sostuvo en declaraciones recogidas por medios de comunicación.
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— Carlos Lavida (@carlosLavida83) June 3, 2025
Este episodio ilustra la tensión creciente entre conservación cultural y presiones económicas, en un país donde la minería representa una parte crucial del PBI. En lugar de fortalecer los mecanismos de resguardo patrimonial, el gobierno ha optado por retroceder en su protección, generando un vacío que podría ser aprovechado por intereses ilegales.
El caso de las Líneas de Nazca no es aislado. Refleja una lógica institucional cada vez más permeable a flexibilizar normas ambientales y patrimoniales en favor de una gestión extractivista. En ese marco, la vigilancia ciudadana y académica será clave para evitar que este recorte sea el primero de muchos.