Burkina Faso prohíbe la difusión de pornografía y contenido LGTB en los medios

El Consejo Superior de la Comunicación (CSC) de Burkina Faso prohibió la difusión de contenidos pornográficos y de temática homosexual en televisión, radio y medios digitales. Aunque la intención de preservar valores culturales y proteger a menores es legítima, el modo en que se implementó la resolución -sin debate parlamentario ni consulta pública- plantea dudas sobre el autoritarismo del gobierno.

La decisión busca limitar lo que el CSC considera contenidos que no reflejan la "moral colectiva". Muchos sectores conservadores la celebraron como una defensa de la infancia y de la identidad nacional frente a una globalización de valores ajenos. Sin embargo, el proceso opaco y vertical por el cual se impuso ha sido ampliamente criticado.

Un consenso social secuestrado

Para algunos sectores de la sociedad, regular el contenido sexual explícito en medios masivos tiene sentido. En un país con fuerte raíz religiosa y comunidades tradicionales, la visibilidad masiva de la pornografía o la representación de conductas sexuales diversas puede generar choques sociales innecesarios. Pero cuando estas decisiones no surgen de un diálogo democrático, sino de imposiciones burocráticas, la legitimidad de la medida se erosiona.

Burkina Faso, además, no cuenta con una ley nacional que prohíba expresamente el consumo personal de pornografía. La medida, entonces, regula el espacio público sin afectar la libertad individual, lo que refuerza su carácter moderado. No obstante, el silencio del gobierno sobre cómo aplicará estas normas y a quién afectarán deja la puerta abierta a abusos.

Ambigüedad legal y consecuencias sociales

La legislación burkinesa sanciona con claridad la pornografía infantil, pero es ambigua respecto al material para adultos. Tampoco prohíbe de manera explícita el contenido LGTB, aunque esta resolución lo elimina de hecho de los medios. Esta doble ambigüedad -legal y ejecutiva- genera un terreno fértil para la arbitrariedad y la represión selectiva.

La medida puede ser vista como un intento válido de proteger un modelo social específico, pero sin garantías institucionales ni mecanismos de rendición de cuentas, lo que debería ser una política cultural se convierte en un arma política.

El capitán Ibrahim Traoré participa en una reunión en Ouagadougou, el 2 de octubre de 2022. © AFP

Un equilibrio que el gobierno sabotea

La decisión de limitar la pornografía y el contenido homosexual en los medios responde a una demanda cultural genuina. Muchos países debaten sobre el rol del erotismo y la representación sexual en la educación pública, y cada comunidad tiene derecho a trazar sus límites.

Pero cuando el instrumento para hacerlo es la censura sin transparencia, se contamina el propósito. El gobierno de Burkina Faso pierde una oportunidad de liderar un diálogo nacional, y en su lugar aprovecha la causa moral para ampliar el control sobre los medios. No es la medida en sí lo que preocupa, sino quién la impone, cómo y con qué fines.