
La sesión, que abarcó varios temas claves de la actualidad, se dio en un contexto de alta movilización, ya que miles de manifestantes se movilizaron al Congreso Nacional para exigir medidas concretas ante la delicada situación que atraviesan quienes requieren apoyo y servicios vinculados a la discapacidad.
En ese marco, en horas de la madrugada se aprobó la iniciativa que contempla un incremento de las prestaciones basado en el índice de inflación y prevé una ampliación del presupuesto destinado a cubrir tratamientos y servicios específicos. También se establece una actualización mensual de los aranceles para prestadores, una decisión que busca mitigar las dificultades económicas que aquejan al sector.
No obstante, el oficialismo se manifestó en contra del proyecto, argumentando que la implementación de la ley tendría un impacto fiscal considerable. Según cálculos difundidos por el Gobierno, la iniciativa representaría un gasto equivalente al 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que genera inquietud por su posible efecto sobre las cuentas públicas.
Ahora, el futuro de la normativa dependerá del tratamiento en el Senado, donde se espera que la discusión tenga lugar en las próximas semanas. Mientras tanto, colectivos sociales y agrupaciones políticas comunicaron que continuarán con sus acciones por la sanción definitiva.