Dólares debajo del colchón: El Gobierno ajusta el proyecto y confía en el respaldo de los gobernadores

El Gobierno ultima los detalles del proyecto de ley que busca modificar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal, en lo que dentro de la Casa Rosada llaman el “proyecto colchón”. La iniciativa busca darle sustento legal a los cambios lanzados por decreto semanas atrás y apunta a generar confianza sobre el nuevo régimen que flexibiliza la circulación de dólares ahorrados, incluso aquellos guardados fuera del sistema financiero.

Aunque La Libertad Avanza no logra avanzar con sus proyectos en el Congreso, en este caso el oficialismo cree tener margen político. La lectura es simple: las provincias podrían beneficiarse directamente por el mayor flujo de dinero formalizado. En los despachos oficiales repiten que “más dólares en circulación significa más recaudación y más consumo”, algo que los gobernadores —incluso los no alineados— no están en condiciones de rechazar.

El borrador del texto legal incluye cambios sensibles: reducción del plazo de prescripción para delitos fiscales, actualización de los montos por inflación acumulada desde 2017 y adecuación a los nuevos umbrales definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La medida fue anticipada por el Decreto 353/2025, pero ahora el Ejecutivo busca blindarla por vía legislativa para sumar previsibilidad.

En ese marco, trece mandatarios provinciales ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, una de las patas del esquema que promueve el equipo económico. El desafío ahora es convencer a las provincias más reticentes, como Buenos Aires y Santa Fe, que reclamaron en más de una oportunidad que los cambios vengan acompañados de un marco jurídico claro y estable.

Desde el Gobierno reconocen en privado que ese pedido tiene fundamento. “Tienen razón”, admiten en Balcarce 50, donde buscan apurar el envío del proyecto al Congreso. Aunque el presidente Milei inicia esta semana una gira internacional, se espera que la iniciativa llegue al Parlamento mientras dure ese viaje. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será el encargado de garantizar su avance.

A diferencia de lo ocurrido con otras leyes, esta vez no se les pidió explícitamente a los gobernadores que acompañen. En el Ejecutivo consideran que su adhesión al nuevo esquema impositivo ya es una señal política clara. “No hizo falta pedirles nada: si firmaron el convenio, van a convalidar el proyecto”, afirmaron fuentes oficiales.

El oficialismo, sin embargo, mantiene los pies en la tierra. Sabe que la fragmentación legislativa complica cualquier trámite. Por eso, en Diputados analizan sumar al temario la ampliación de la Auditoría General de la Nación, con la idea de ofrecer una silla a las provincias como gesto de buena voluntad. Aun así, cerca de Milei relativizan esa jugada: “Los gobernadores miran sus cuentas, no la AGN”.