
El Ministerio de Hacienda colombiano está considerando activar el llamado "botón rojo" fiscal, una medida extraordinaria contemplada en la legislación para responder a escenarios críticos. Esta herramienta permitiría suspender temporalmente la regla fiscal vigente, que impone límites estrictos al endeudamiento y al déficit público, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera del país.
La motivación detrás de esta posible decisión sería el interés del Gobierno en mantener su nivel de gasto, en un entorno de desaceleración económica, aumento de obligaciones presupuestarias y restricciones financieras que podrían frenar la inversión social. La reunión del Confis, programada para el lunes 9 de junio, podría convertirse en el punto de partida formal para activar este mecanismo excepcional.
La cláusula de escape fue incorporada en la ley de regla fiscal como un recurso de último recurso, diseñado para usarse únicamente en situaciones extraordinarias y urgentes, como desastres naturales o crisis económicas graves. Su activación no es automática: requiere un proceso riguroso que incluye la evaluación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el aval del Confis y del Consejo de Ministros, así como la expedición de un documento CONPES que justifique técnicamente la medida.
En términos concretos, esta cláusula permitiría flexibilizar temporalmente el techo de deuda pública, establecido en 70% del PIB, y relajar la meta de déficit primario, fijada en 0,8% para el año 2025. No obstante, su aplicación no debe responder a intereses coyunturales o decisiones políticas sin respaldo técnico, lo cual ha encendido las alarmas de varios analistas y expertos en política fiscal.
Economistas como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, han advertido que no existen condiciones excepcionales evidentes que justifiquen la activación del “botón rojo” fiscal en este momento. Según su análisis, apelar a esta herramienta sin una causa justificada podría enviar un mensaje negativo sobre el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal.
Además, agencias calificadoras de riesgo y actores del mercado financiero han mostrado inquietud, ya que una ruptura con la regla fiscal vigente podría deteriorar la confianza internacional. Esto tendría efectos directos sobre los Títulos de Tesorería (TES), cuyos rendimientos ya han alcanzado niveles superiores al 13%, encareciendo el financiamiento público.
La eventual activación de la cláusula de escape podría desencadenar un efecto dominó sobre la percepción de riesgo-país, elevando el costo del endeudamiento soberano y reduciendo el apetito de los inversionistas por activos colombianos. Esto afectaría no solo el corto plazo, sino también la sostenibilidad de programas sociales y de infraestructura planeados para los próximos años.
Aunque el Gobierno podría argumentar que se trata de una salida técnica para enfrentar limitaciones presupuestarias, muchos advierten que la falta de una narrativa sólida de retorno a la disciplina fiscal puede volverse contraproducente. Si no se establece un marco creíble de reversión, el país podría sufrir una pérdida prolongada de credibilidad.
La decisión de activar el “botón rojo” representa un punto de inflexión en la política económica del gobierno de Gustavo Petro. En el corto plazo, podría brindar un alivio financiero que permita sostener el gasto en programas sociales prioritarios, pero a costa de una tensión creciente con los mercados y organismos multilaterales que exigen previsibilidad.
El verdadero desafío será si el Ejecutivo consigue trazar una hoja de ruta clara que combine flexibilidad temporal con un compromiso firme hacia la responsabilidad fiscal en el mediano plazo. Solo así podrá evitar que esta medida se convierta en un retroceso en la reputación financiera del país.