Rogelio Frigerio apura a Milei en la Justicia por una deuda de 724 millones de dólares

El Gobierno de Entre Ríos, a través de instrucciones del gobernador Rogelio Frigerio a la Fiscalía de Estado, promovió dos demandas contra la Nación, por casi 1.000 millones de dólares.

Se trata de una suma que no registra precedentes en la historia entrerriana y convierte a Entre Ríos en una de las jurisdicciones que más reclama al Estado Nacional.

Ambos juicios se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tratan de la demanda contra Anses y el reclamo histórico por los incumplimientos a las obligaciones asumidas por al Estado Nacional a raíz de la Construcción de la Represa de Salto Grande.

Esta semana, la Fiscalía de Estado amplió la demanda y precisó que la suma retroactiva reclamada asciende a 724 millones de dólares.

El detalle de las deudas

Según se informó, el primer juicio contra Anses es por la falta de cumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017.

El objeto de la demanda es que se condene a la demandada al pago de las sumas de dinero resultantes de las diferencias adeudadas derivadas de la obligación de asistencia financiera nacional a los regímenes previsionales no transferidos a la Nación, los cuales están regidos en el Consenso Fiscal de 2017, y aprobado por ley nacional y provincial.

La deuda, que ascendía estimativamente a la suma total de más de 154 mil millones de pesos ($154.606.298.614,49), al momento de interponer la demanda ya supera los 200 mil millones de pesos, si se la actualiza conforme criterios jurisprudenciales.

La segunda demanda planteada persigue el cabal cumplimiento del Pacto Intrafederal rubricado a través del Acta Acuerdo en 1998 que dispone, con un sentido reparatorio, que los excedentes de la explotación de la Represa Salto Grande, una vez deducidos los gastos de operación y mantenimiento, se deben distribuir entre las provincias afectadas por la construcción de la represa, estableciendo la conformación del Fondo Especial de Salto Grande.

Ese juicio se basa en el hecho que la Nación Argentina modificó unilateralmente ese acuerdo por disposiciones de la Secretaría de Energía, disminuyendo ostensiblemente el flujo de excedentes destinados a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Puntualmente, “se solicitó que con relación a Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que directa o indirectamente, menoscaban los derechos de la provincia sobre todo si resultan dictadas por el Gobierno Nacional en forma unilateral, inconsulta y discrecional, ya que regulan a la baja el precio de la energía de Salto Grande, y que reducen deliberadamente los excedentes, afectando el equilibrio económico reparatorio previsto por el pacto en beneficio del Gobierno Nacional y en perjuicio de las provincias contratantes”, explicaron desde el gobierno de Frigerio.