
Israel mantiene un bloqueo naval sobre Gaza desde 2007, cuando el grupo terrorista Hamas tomó el control de la Franja. Este bloqueo ha sido reconocido como legal por instancias internacionales, siempre que se mantenga proporcional y con fines de seguridad. El objetivo es evitar que Hamas reciba armas u otros recursos que puedan ser utilizados para atacar a civiles israelíes.
En este marco, la interceptación del barco Madleen se realizó en aguas internacionales pero dentro de los derechos de un Estado soberano que impone un bloqueo naval en un conflicto armado. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) escoltaron el barco sin violencia al puerto de Ashdod. Expertos en derecho marítimo internacional destacan que el artículo 51 de la Carta de la ONU respalda medidas defensivas como esta.
Greta Thunberg fue deportada el mismo día de la interceptación tras aceptar voluntariamente su expulsión del país. La activista sueca, ícono del ambientalismo juvenil global, formaba parte del grupo de doce activistas a bordo del Madleen. Junto a ella fueron deportados otros tres pasajeros, entre ellos un actor británico y una eurodiputada francesa.
Thunberg denunció el episodio como un "secuestro en alta mar" y una violación del derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, las autoridades israelíes sostienen que su presencia buscaba generar impacto mediático y desacreditar el bloqueo naval con fines ideológicos, no brindar ayuda efectiva. La extradición fue ejecutada con acompañamiento diplomático y sin incidentes físicos.Una carga simbólica, no humanitaria
El barco Madleen transportaba una cantidad mínima de víveres, incluidos pañales, arroz y leche en polvo. No contaba con aval de la ONU ni con coordinación con organizaciones humanitarias oficiales, lo que debilitó su legitimidad como misión de ayuda. Para Israel, fue un gesto performático más que un intento serio de alivio humanitario.
En paralelo, Israel coordina cada día el ingreso de cientos de camiones de ayuda a Gaza desde puntos oficiales, con supervisión de organismos internacionales. Eludir estos canales, como hizo la flotilla, erosiona la seguridad del proceso y pone en duda las verdaderas intenciones del viaje.
Tras el traslado a tierra firme, los deportados fueron alojados en condiciones apropiadas y se les brindó acceso a sus consulados. Israel no presentó cargos penales, pero aplicó las normas migratorias correspondientes ante la violación del bloqueo marítimo. Los ocho activistas que se negaron a ser deportados continúan bajo custodia administrativa, a la espera de resolución judicial.
El gobierno israelí informó de inmediato a embajadas europeas y organismos internacionales. En ningún momento se los mantuvo incomunicados, y se garantizó el cumplimiento de las normativas de detención reconocidas por el derecho internacional.
Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025
Israel actuó de forma legal, proporcionada y transparente al interceptar el barco Madleen y ejecutar la deportación de Greta Thunberg. En lugar de canalizar ayuda por las vías oficiales, los activistas optaron por una acción simbólica que desafiaba abiertamente la soberanía israelí y el marco legal vigente sobre Gaza.
El caso pone en evidencia los límites del activismo en zonas de conflicto: cuando la visibilidad internacional busca reemplazar los canales diplomáticos y humanitarios establecidos, las consecuencias pueden ser contraproducentes. Thunberg no fue castigada por sus ideas, sino por participar en una operación que ignoraba las leyes que rigen una situación de guerra prolongada.