13/06/2025 - Edición Nº857

Internacionales

Orden público

Gavin Newsom desafía a Estados Unidos: caos en Los Ángeles

10/06/2025 | Mientras la ciudad ardía, el gobernador de California criticó el despliegue militar y no condenó con firmeza los disturbios.



Las redadas migratorias realizadas en Los Ángeles el 6 de junio fueron legales, coordinadas y específicas: apuntaban a personas con órdenes pendientes o antecedentes migratorios irregulares. Sin embargo, lo que siguió no fue una protesta pacífica, sino un estallido de violencia.

Grupos radicalizados bloquearon autopistas, arrojaron objetos a la policía, quemaron vehículos y agredieron a civiles y comercios, provocando más de 70 arrestos en solo 48 horas. Lo que comenzó como una manifestación contra el ICE derivó en actos de vandalismo y caos urbano.

Un gobernador sin autoridad moral

Mientras la ciudad enfrentaba incendios y saqueos, el gobernador Gavin Newsom decidió enfrentar al gobierno federal en lugar de condenar a los responsables de los disturbios. Calificó el despliegue de tropas como una “militarización ilegítima” y presentó una demanda, ignorando el clamor de los comerciantes y ciudadanos afectados por los daños.

Su postura política eclipsó la necesidad de orden y seguridad, posicionándose del lado de los agitadores antes que de la población trabajadora. La falta de respaldo claro a la policía local debilitó la moral de las fuerzas de seguridad y dio carta blanca a la radicalización de las calles.

El rol del presidente y el deber federal

El presidente Donald Trump, al desplegar tropas de la Guardia Nacional y marines, actuó ante una situación de emergencia urbana que las autoridades locales no supieron manejar. El uso del Título 10 y el apoyo logístico de las FFAA fueron necesarios para contener un brote de violencia que puso en jaque la integridad de Los Ángeles.

Quienes critican esta acción ignoran que la seguridad es un deber nacional cuando las estructuras locales colapsan o renuncian a actuar. Trump no invocó aún la Ley de Insurrección, pero dejó claro que la prioridad es restaurar el orden antes que complacer intereses ideológicos.

Derechos civiles no son licencia para el caos

El derecho a protestar es constitucional, pero no incluye el derecho a destruir propiedad pública, poner en riesgo la vida de ciudadanos o desafiar la autoridad del Estado. El progresismo californiano ha confundido libertad con impunidad, y el precio lo pagan los ciudadanos comunes.

La retórica de “ciudad santuario” y de resistencia federal ha terminado por alentar a grupos extremistas que buscan imponer su agenda al margen de la ley. Es hora de defender la ley y el orden, incluso si eso incomoda a la clase política californiana.

¿Quién vela por el orden?

Los disturbios en Los Ángeles no fueron una expresión democrática, sino una muestra de la degradación institucional promovida por un liderazgo estatal ideologizado y complaciente con el desorden. La intervención federal fue necesaria, legítima y oportuna.

El gobernador Newsom perdió una oportunidad clave para demostrar liderazgo real. En vez de proteger a los californianos, eligió confrontar a la autoridad nacional y blindar políticamente a quienes convirtieron las calles en campos de batalla.