La Corte Suprema confirmó la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer luego de las 17 horas su decisión en la causa conocida como “Vialidad”, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

La exvicepresidenta había sido condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y la resolución final estuvo en manos del máximo tribunal del país.

Esto genera un fuerte impacto en el escenario electoral y en la estructura del peronismo. A lo largo del proceso, el entorno de la exmandataria denunció una persecución judicial con fines políticos, mientras que desde sectores opositores insisten en que debe cumplirse la condena.

El caso se convirtió así en un símbolo de la puja entre justicia y política, y en un test para la independencia del Poder Judicial. Esta decisión judicial es clave porque define que Cristina Kirchner no podrá participar en las próximas elecciones.

Una larga jornada

La Corte Suprema se reunió este martes a las 16:00 para debatir si confirmaba o no la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, convocó a los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz para analizar el recurso de queja presentado por la defensa de la exmandataria.

En caso de haber sido rechazado, ese recurso dejaba firme la sentencia dictada en diciembre de 2022, que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La reunión tuvo lugar en el Palacio de Justicia. Aunque existía la posibilidad de que la resolución se conociera durante el mismo día, tampoco se descartaba que la decisión final se postergara.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 fue el encargado de dictar la condena inicial, y la Corte Suprema tenía ahora en sus manos la decisión definitiva.

El caso

En diciembre del 2022, luego de tres años y medio de debate oral y público y la fuerte acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que terminó con la frase “es corrupción o justicia”, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. La Vicepresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no existió la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal. El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.

En el juicio, el tribunal oral dio por probado que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Báez recibió de manera irregular obras públicas viales para la provincia de Santa Cruz. Una prueba clave fue la que el fiscal Luciani llamó en el juicio oral el plan “limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares.

Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que sé le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal.

FS/FA