
A pocas horas de que la Corte Suprema argentina confirmara la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, salió en su defensa. "Están judicializando la política para proscribir a los líderes populares", escribió en redes sociales. Su respaldo no sorprende: él mismo fue condenado por corrupción y reside en Bélgica para evitar cumplir su sentencia.
Correa fue hallado culpable en el llamado "Caso Sobornos 2012‑2016", donde se probó que su gobierno recibió pagos ilegales por parte de contratistas estatales a cambio de adjudicaciones. En 2020, la Justicia ecuatoriana le impuso una condena de ocho años de prisión por cohecho agravado. Pese a la sentencia, el exmandatario evita su detención gracias a su residencia en Europa.
El respaldo de Correa a Cristina Kirchner se enmarca en una narrativa compartida por ambos: la existencia de una supuesta "guerra judicial" dirigida por las élites económicas y sectores de la oposición para apartarlos de la vida política.
Sin embargo, en ambos casos las condenas no se basaron en testimonios aislados o procesos dudosos. En Argentina, la sentencia contra Kirchner fue confirmada por unanimidad por la Corte Suprema. En Ecuador, el proceso contra Correa contó con pruebas documentales, testimonios y peritajes que acreditaron la existencia de un sistema institucionalizado de sobornos.
Además de su condena principal, Rafael Correa está vinculado a otros casos judiciales: el caso Balda (secuestro), el escándalo Cofiec (créditos irregulares), y la investigación sobre adjudicaciones petroleras en el caso Singue. En octubre de 2024, Estados Unidos le denegó el ingreso al considerar que su historial encajaba dentro de los límites de la ley anticorrupción estadounidense.
Por su parte, Kirchner ya no podrá presentarse como candidata en las elecciones legislativas de 2025. La decisión de la Corte no solo pone fin a su carrera electoral, sino que también redefine el equilibrio interno del peronismo, que deberá reorganizar su liderazgo sin su figura más influyente.
El gesto de Correa ha sido celebrado por sectores del kirchnerismo más duro, pero también genera incomodidad en otros espacios políticos y sociales. Que un condenado por corrupción que rehúye la justicia respalde a otra figura condenada alimenta la percepción de una solidaridad construida sobre intereses comúnmente cuestionados.
Aun así, ambos exmandatarios conservan capacidad de influencia. Correa desde el Grupo de Puebla y el extranjero; Kirchner, como referente simbólico de un sector del peronismo. Pero su peso político se ve erosionado por la contundencia de los fallos judiciales que enfrentan.
¡Fuerza, Cristina!
— Rafael Correa (@MashiRafael) June 10, 2025
¡Fuerza, Argentina!
¡Basta de lawfare!
Derrótennos -si es que pueden- en las urnas✌🏼 pic.twitter.com/crXLTLy73r
El respaldo de Rafael Correa a Cristina Kirchner no es solo un acto de afinidad ideológica, sino también la reafirmación de un discurso común ante la adversidad judicial. Sin embargo, cuando los protagonistas son dos figuras condenadas por corrupción y con cuestionada legitimidad moral, el mensaje pierde fuerza fuera de sus círculos fieles. Más que una defensa del "pueblo", el gesto parece una declaración de impunidad compartida.