
En una resolución de enorme impacto político, judicial y económico, la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La decisión no sólo ratifica su culpabilidad por corrupción, sino que activa la devolución al Estado de una cifra histórica: $ 84.000 millones, considerados por la Justicia como fondos públicos desviados.
La sentencia, que ya había sido ratificada por la Cámara de Casación, incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso millonario. Los jueces del máximo tribunal -Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti- rechazaron por unanimidad los planteos de la defensa, dejando sin margen para una nueva revisión judicial.
El decomiso confirmado por la Corte corresponde al perjuicio económico que sufrió el Estado durante los mandatos de la expresidenta, a través de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. Los contratos irregulares beneficiaron a empresas del empresario Lázaro Báez, estrechamente vinculado al kirchnerismo.
Según el fallo, Cristina Kirchner participó activamente del esquema corrupto a través de decretos y decisiones administrativas que facilitaron el desvío de fondos. Un ejemplo clave fue el Decreto PEN N° 54/2009, que modificó el manejo de fondos del fideicomiso vial y permitió licitaciones direccionadas y sin control.
El cálculo del daño económico se basó en informes periciales, auditorías y registros de pagos adelantados a empresas que, en muchos casos, nunca finalizaron las obras adjudicadas. Austral Construcciones, la principal firma beneficiada, recibió contratos a pesar de incumplimientos sistemáticos y falta de capacidad operativa.
Además, la expresidenta enfrenta la imposibilidad de presentarse en futuras elecciones. Aunque por su edad podría acceder a una eventual prisión domiciliaria, la condena representa un antes y un después en materia de responsabilidades penales de expresidentes en Argentina.
En lo inmediato, el proceso judicial avanzará en la ejecución del decomiso, lo que implica el embargo, liquidación o transferencia de bienes que permitan restituir los fondos al Tesoro Nacional. El impacto no es menor: el monto representa el mayor resarcimiento económico exigido en una causa por corrupción en la historia del país.
Justicia.
— Javier Milei (@JMilei) June 10, 2025
Fin.
PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad.
El fallo, considerado sólido en términos probatorios, también deja firme la condena a los otros ocho implicados, entre ellos Lázaro Báez. La Corte dejó en claro que hubo debido proceso, que las pruebas fueron contundentes y que el daño al Estado fue real, cuantificable y planificado. El capítulo judicial está cerrado; ahora comienza el proceso de recuperación económica.