
Desde la Asociación Argentina de Juristas presentaron un pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La misiva fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el objetivo de que avance en la comisión de Juicio Político.
En la presentación se cuestiona inicialmente a Ricardo Lorenzetti y Horacio Rossatti por sus resoluciones en el "caso Levinas".
De acuerdo a la Asociación Argentina de Juristas, “el fallo Levinas efectivamente ha provocado y sumido a todos los justiciables en un incuestionable caos de soberana gravedad institucional en el ámbito y praxis forense de la justicia nacional ordinaria habida cuenta que ha sido rechazado por todas las Cámaras Nacionales de Apelaciones en forma unánime mediante fallos plenarios, resoluciones o acuerdos en pleno, la Cámara Civil, la Cámara del Trabajo, la Cámara en lo Criminal y Correccional y la Cámara Comercial”.
“El fallo causa gravamen irreparable al ejercicio de esta profesión y a los intereses de sus mandantes pues, al modificar el esquema recursivo inconstitucionalmente, agrega en el ámbito de la justicia nacional de la Capital Federal, una nueva instancia que representa mayor dispendio procesal, temporal y económico”, agregaron.
El segundo hecho que se cuestiona está vinculado a la conducta de la Corte Suprema tras la decisión del Poder Ejecutivo de nombrar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Así, argumentaron que “la designación de dos jueces para el máximo tribunal mediante el decreto 137/2025 es un abuso por parte del Poder Ejecutivo. El Gobierno no respetó la división de poderes, y comprometió la legitimidad de la Corte, afectando su deber de garantizar la igualdad de género, e ignoró las múltiples objeciones expresadas sobre los candidatos, en ocasión de la postulación de los respectivos pliegos”.
Sin embargo, “con una inusitada, pero evidente celeridad forzada los miembros de la Corte Suprema resolvieron tomar juramento el 27 de febrero de 2025 al Dr. García Mansilla”.
De acuerdo a la presentación, esta situación implicaría “la intencionalidad política partidaria a favor del Poder Ejecutivo actual por parte de la Corte Suprema. Lejos de cumplir con la manda Constitucional de afianzar la justicia, corresponde entonces puntualizar que, la inconstitucional maniobra realizada por los cortesanos, lo fue a los efectos de eludir la inminente orden cautelar que impidiera la juramentación del Dr. García Mansilla”.
“Solo fue posible por la participación y complicidad necesaria de los tres Magistrados del Máximo Tribunal, en un claro abuso de autoridad y mal desempeño, funcional a lo requerido por el Poder Ejecutivo y violatorio de la independencia con que un magistrado debe obrar. Así las cosas, ilegalidad institucionalizada mediante, el Dr. García Mansilla tomo posesión del cargo suscribiendo más de un centenar de sentencias y resoluciones”.
“El escándalo judicial e institucional sin precedentes, tuvo como corolario la renuncia del Dr. García Mansilla al cargo el día 7 de abril de 2025, luego de 39 días de ejercicio ilegal del cargo de máximo magistrado de la Nación”, recordaron luego.
Sin embargo, subrayaron que “el fallido juez, merced a las maniobras ilegales de los Dres. Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, firmó 175 fallos desde su nombramiento. De ellos, 50 fueron emitidos el jueves, justo cuando se rechazaba su designación”.
“La afectación de los derechos de quienes han visto sus intereses resueltos por un voto absolutamente nulo, el daño al universo de los justiciables, la crisis terminal en la que han colocado a tan invocada ‘seguridad jurídica’ -que tanto se reclama-, es solo atribuible a los aquí denunciados y por tanto debe hacérselos cesar en sus cargos”, concluyeron desde la entidad en la presentación.