Morales, Correa, Kirchner y Humala: una década de poder, discursos y corrupción

A comienzos de la década del 2010, América Latina vivía el auge de una nueva izquierda que se proponía cambiar la historia. Con discursos centrados en la inclusión social, la redistribución económica y la soberanía nacional, figuras como Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner y Ollanta Humala consolidaron proyectos políticos de fuerte impronta estatal. Esta oleada no solo desafiaba al liberalismo, sino que aspiraba a una renovación ética de la política.

En muchos aspectos, los primeros años de sus mandatos lograron "avances": reducción de la pobreza, ampliación de lo que denominaban como derechos sociales y crecimiento económico . Pero con el tiempo, esas promesas se vieron opacadas por prácticas autoritarias, personalismo extremo y, especialmente, escándalos de corrupción que dañaron su legitimidad.

Evo Morales: del indigenismo al nepotismo

En Bolivia, Evo Morales representó un cambio de época. Primer presidente indígena, impulsó una nueva Constitución y nacionalizó recursos naturales. Sin embargo, hacia el final de su mandato, enfrentó acusaciones de manipular la justicia y reelegirse en contra del referéndum popular. El caso Zapata, en el que su expareja habría gestionado contratos millonarios con el Estado, dañó seriamente su imagen.

Tras su salida forzada en 2019 por un proceso electoral cuestionado, Morales pasó a la defensiva. En 2024, volvió a ocupar titulares al ser acusado de corrupción y abuso de menores, lo que derivó en una orden de prisión preventiva que él atribuye a persecución política.

Evo Morales, expresidente de Bolivia. 

Rafael Correa y la red de sobornos

En Ecuador, Rafael Correa forjó su liderazgo sobre la crítica a las élites económicas y la búsqueda de un Estado fuerte. Pero la estructura creada durante su década en el poder se vio implicada en múltiples causas judiciales. El Caso Sobornos, conocido también como Arroz Verde, reveló un sistema sistemático de aportes ilegales de empresas, como Odebrecht, a su partido a cambio de contratos públicos.

Correa fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitado políticamente. Aunque reside en Bélgica y denuncia un lawfare en su contra, los documentos judiciales y las pruebas de pagos ilícitos lo comprometen de manera directa.

Rafael Correa, expresidente de Ecuado. 

Cristina Kirchner: poder familiar y estructuras paralelas

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner dejó una profunda marca política, primero como presidenta y luego como vicepresidenta. Su discurso sobre los derechos humanos y la inclusión contrastó con los múltiples casos judiciales que enfrentó. El más emblemático fue la Causa Vialidad, en la que fue condenada por redirigir obras a empresas de su entorno.

La Corte Suprema confirmó en 2025 la pena de 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua, en una decisión histórica. Otros procesos como Hotesur, Los Sauces y el escándalo del exsecretario José López con bolsos llenos de dólares refuerzan una percepción de corrupción estructural bajo su gobierno.

Cristina Fernández de Kirchner, expresidente de Argentina. 

Ollanta Humala: del nacionalismo a los tribunales

En Perú, Ollanta Humala llegó al poder en 2011 con un discurso de izquierda moderada y promesas de transformación social. Exmilitar y líder del Partido Nacionalista, intentó balancear un enfoque progresista con estabilidad macroeconómica. Durante su mandato, mantuvo un modelo económico ortodoxo, pero promovió políticas sociales activas.

Sin embargo, tras dejar la presidencia, él y su esposa Nadine Heredia fueron acusados de haber recibido US$3 millones de Odebrecht para su campaña de 2011. En 2017 fueron enviados a prisión preventiva por lavado de activos, aunque luego liberados mientras continúa el juicio. El caso mostró cómo incluso figuras que se distanciaban del chavismo o del kirchnerismo no escapaban a la lógica regional de financiamiento ilegal de campañas y falta de controles institucionales.

Ollanta Humala, expresidente de Perú.

Ética, poder y deriva autoritaria

Aunque cada caso tiene matices, todos comparten una tendencia: el progresismo transformador se vio afectado por un ejercicio del poder cada vez más personalista y autoritario, donde el discurso ético fue reemplazado por la lógica del control político. El debilitamiento de las instituciones, la manipulación judicial y la falta de transparencia facilitaron redes de corrupción de alto nivel.

Además, los líderes mencionados suelen compartir un relato común: atribuyen sus causas judiciales a persecución política, una narrativa que refuerza su vínculo con las bases populares pero deslegitima el accionar de la justicia.

Una lección pendiente

La izquierda latinoamericana entre 2010 y 2020 dejó un legado ambivalente. Por un lado, transformaciones sociales inéditas; por otro, un sistema político plagado de prácticas cuestionables. La contradicción entre el discurso y los hechos, entre la ética prometida y la corrupción practicada, pone en evidencia una fragilidad más profunda: el hábito de delegar el bien común a estructuras rígidas, rutinarias y ajenas a la vida cotidiana de las personas.

Más que una cuestión de partidos o ideologías, lo que parece fallar es el entramado mismo que convierte la política en profesión y a sus actores en intermediarios permanentes del interés público. Mientras la toma de decisiones permanezca en manos de estructuras especializadas que se autolegitiman por pertenencia y no por mérito, la ética quedará subordinada a la supervivencia del aparato. Cuestionar ese modelo no es rechazar la política, sino liberar a la sociedad de su captura crónica.