Atentado a Miguel Uribe: una bala contra la oposición de Colombia

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe fue víctima de un atentado en pleno espacio público en Bogotá. Un joven de apenas 14 años se acercó al dirigente del Centro Democrático durante un evento y le disparó en la cabeza y en una pierna. La escena, grabada por testigos, estremeció a la opinión pública y evocó los años más oscuros de la violencia política en Colombia.

Uribe fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde fue intervenido quirúrgicamente. Aunque se mantiene en estado crítico, el equipo médico ha reportado signos de mejoría neurológica, lo que da lugar a un cauto optimismo. Su situación sigue siendo delicada y bajo observación permanente.

La infancia armada y la degradación institucional

El perfil del atacante ha generado conmoción adicional: se trata de un menor de edad armado con una pistola tipo Glock, presuntamente adquirida en Arizona. Esta circunstancia reabre un debate pendiente en Colombia: el uso de niños en crímenes políticos y la porosidad de las fronteras frente al tráfico de armas.

Más allá de las implicaciones penales, el hecho expone una erosión institucional preocupante. La presencia de un menor armado en un acto político, sin que ninguna medida preventiva haya funcionado, deja en evidencia fallas estructurales en la seguridad de figuras públicas.

Admirables palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe. Serenas y sabias; llenas de dolor, de fuerza y de fe.

Toda Venezuela está orando por ti y por tu familia, Miguel, y por el querido pueblo colombiano.

Que la profunda reflexión de estos duros momentos una a… pic.twitter.com/uDHwoqxWm9

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 10, 2025

Un golpe simbólico a la oposición

Miguel Uribe representa una de las figuras emergentes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Su liderazgo ha ganado fuerza entre sectores conservadores, liberales desencantados y jóvenes preocupados por el rumbo del país. El atentado ha sido percibido por muchos como un intento de silenciar esa voz creciente.

El presidente Petro condenó el ataque y ordenó reforzar la seguridad de líderes de oposición. Sin embargo, varios referentes del Centro Democrático y de partidos afines han cuestionado si este gesto será suficiente o si se trata simplemente de una reacción institucional tardía.

Las raíces históricas de una violencia que no cesa

El ataque a Uribe revive una constante de la historia política colombiana: la eliminación física de los adversarios como forma de disputa del poder. Desde Jorge Eliécer Gaitán hasta Álvaro Gómez, pasando por múltiples liderazgos regionales, el país arrastra una cultura de violencia que se reactiva cíclicamente.

Este episodio, protagonizado por un niño y transmitido en redes sociales, condensa una mezcla peligrosa entre banalización de la violencia, desprotección estatal y narrativa polarizante. El impacto simbólico va más allá del atentado: representa una advertencia a todo el sistema político.

Fundación Santa Fe de Bogotá informó que el Senador Miguel Uribe Turbay presenta indicios de mejoría neurológica https://t.co/XE5onXuw9l @Promigas #diezdemarzo

— Radio Diez de Marzo (@Radio10deMarzo) June 11, 2025

¿Qué se juega de cara a 2026?

Con las elecciones presidenciales a poco más de un año, el atentado altera el tablero político. Uribe era una de las cartas más fuertes para renovar el liderazgo conservador y disputar el legado del uribismo con una imagen más moderada. Su posible ausencia en campaña o su debilitamiento físico pueden redefinir la estrategia de toda la oposición.

Más preocupante aún es el efecto inhibidor que un atentado de este tipo puede generar. ¿Cuántos líderes regionales se animarán a recorrer plazas y barrios? ¿Cuántos ciudadanos confiarán en participar políticamente si la violencia vuelve a dictar las reglas?

El futuro en juego

El atentado contra Miguel Uribe no es solo un caso policial ni una tragedia individual: es un síntoma grave de la fragilidad democrática en Colombia. Mientras la violencia siga siendo una herramienta válida para disputar el poder, ningún proceso electoral será plenamente libre.

La respuesta no puede limitarse a custodias y condenas formales. Se requiere un consenso político real para aislar la violencia, desarmar los discursos incendiarios y reconstruir el pacto civil que la democracia exige. De lo contrario, seguiremos sumando mártires a una historia que ya ha cobrado demasiado.