
Según el informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 578.000 personas han sido desplazadas internamente en Haití hasta junio de 2025, la cifra más alta registrada desde el terremoto de 2010. De ellas, más de 270.000 fueron forzadas a abandonar sus hogares solo en lo que va de este año.
La causa principal: la creciente violencia entre bandas criminales fuertemente armadas, que han tomado el control de gran parte de Puerto Príncipe y zonas rurales estratégicas. Los enfrentamientos, secuestros, violaciones y saqueos están empujando a miles a abandonar sus comunidades sin destino claro ni protección estatal.
La capital haitiana se ha convertido en un espacio fracturado. Barrios enteros están bajo control de pandillas como G9 y G-Pèp. El informe de la OIM detalla que el 60 % de los desplazados se encuentra en la región metropolitana, viviendo en condiciones extremadamente precarias, sin acceso a agua potable, alimentos ni servicios básicos.
Además, muchos desplazados han tenido que mudarse múltiples veces, debido a que los refugios temporales son atacados o invadidos por otras facciones. "El nivel de sufrimiento humano es inaceptable y sigue empeorando cada día", declaró Philippe Branchat, jefe de misión de la OIM en Haití.
La falta de instituciones efectivas ha dejado a la población a merced de la ley del más fuerte. La policía nacional está sobrepasada, mientras que el gobierno provisional no ha logrado recuperar el control de los territorios ocupados. La comunidad internacional mantiene promesas de apoyo, pero con avances lentos.
La situación amenaza con desencadenar una emergencia regional, ya que países vecinos como República Dominicana, Bahamas y Estados Unidos ya están recibiendo flujos crecientes de migrantes y refugiados haitianos. El riesgo de contagio geopolítico es creciente.
La ONU ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para financiar y desplegar ayuda humanitaria inmediata. Hasta el momento, solo se ha recaudado el 23 % de los fondos necesarios para atender la emergencia. Organismos como Médicos Sin Fronteras y el Programa Mundial de Alimentos también han alertado sobre la imposibilidad de operar en ciertas zonas del país.
"Si no se actúa con decisión, Haití se dirige hacia un punto de no retorno", advirtió Branchat. La posibilidad de un colapso total, con efectos migratorios, sanitarios y de seguridad regional, obliga a repensar la respuesta internacional.
La crisis en Haití ya no es una crisis nacional. Es una emergencia continental que refleja el fracaso acumulado de décadas de intervención superficial, corrupción estructural y abandono internacional.
Frente a ello, se impone una respuesta multilateral urgente, con enfoque humanitario, de seguridad y reconstrucción institucional. Mientras tanto, más de medio millón de haitianos seguirán sobreviviendo en condiciones de desesperación absoluta, sin que la comunidad internacional mire lo suficiente.