
Gustavo Petro fue uno de los primeros mandatarios en alzar la voz tras la condena a Cristina Kirchner. A través de su cuenta oficial en X, el presidente colombiano expresó su "solidaridad" con la vicepresidenta argentina y denunció que la primavera democrática en América Latina está en peligro.
Petro agregó que las fuerzas de extrema derecha están avanzando tanto en Colombia como en Estados Unidos, generando condiciones para una ruptura del orden democrático. En una comunicación privada que luego fue confirmada, el mandatario habló con Cristina Kirchner para expresarle su respaldo personal.
El gobierno de Nicolás Maduro calificó la condena como un acto fascista. En un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, se señaló que el Poder Judicial argentino está subordinado a los intereses del proyecto neoliberal de Javier Milei.
La declaración también denunció una "persecución brutal" contra Cristina, equiparándola con otros casos de lawfare sufridos por líderes populares en la región, como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
Maduro no realizó declaraciones personales en video, pero sus aliados y canales oficiales difundieron el mensaje a través de redes y portales estatales.
Venezuela con Cristina Fernández 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/WV3eQsHIvV
— Sosa. (@ivanlodice) June 11, 2025
El Grupo de Puebla, plataforma que reúne a líderes progresistas de toda América Latina, también manifestó su respaldo a Cristina Kirchner. La narrativa común fue la del uso del aparato judicial para eliminar figuras políticas del campo popular.
Asimismo, la idea del lawfare, o guerra judicial, se ha convertido en un eje narrativo clave del progresismo latinoamericano. Para sus líderes, se trata de un nuevo tipo de golpe blando que no requiere militares ni tanques, sino jueces, fiscales y medios de comunicación.
Cristina Kirchner ha sostenido esta teoría desde el inicio de su proceso, y ahora encuentra eco regional en presidentes en ejercicio y exmandatarios. Para ellos, la condena no solo afecta a una figura en particular, sino al modelo de justicia e independencia que pretenden defender.
Acabo de hablar con Cristina Kichner, en Argentina. Mi solidaridad con ella que va en camino a la prisión.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025
Indudablemente estamos en tiempos difíciles. Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Kichner, Rafael Correa, Dulma Rusself, Zelaya, Manuel Lopez Obrador, Evo…
Luiz Inácio Lula da Silva fue uno de los líderes más visibles en apoyar a Cristina Kirchner tras la sentencia judicial. El presidente de Brasil publicó un mensaje directo en X donde afirmó: "Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles".
Este respaldo no sólo revela una afinidad ideológica, sino también una estrategia de asociación con su propia historia. Lula fue condenado, encarcelado y posteriormente liberado tras la anulación de sus procesos por parte del Supremo Tribunal Federal. Para muchos de sus seguidores, ese episodio constituyó el caso emblemático de lawfare en Brasil. Para sus detractores, fue una victoria política de quien supo manipular a su favor el aparato judicial.
El mensaje de Lula busca equiparar su situación con la de Cristina, construyendo un relato común de persecución y resiliencia. Sin embargo, la comparación no está exenta de críticas: mientras en Brasil hubo procesos revisados y anulados formalmente por irregularidades, en Argentina la condena sigue firme, lo que pone en entredicho la validez del paralelismo.
Telefonei hoje no final da tarde para a companheira Cristina Kirchner (@CFKArgentina) e manifestei toda a minha solidariedade. Falei da importância de que se mantenha firme neste momento difícil. Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa…
— Lula (@LulaOficial) June 11, 2025
La reacción inmediata de Maduro, Petro y otros líderes refuerza la idea de una región polarizada donde la Justicia ya no se percibe como un órgano neutral, sino como un actor político. El apoyo a Cristina Kirchner no es sólo un gesto solidario, sino una declaración de principios en una batalla simbólica que cruza fronteras.
La izquierda regional, sin duda, intenta blindar a sus referentes con el arma más poderosa de la época: la narrativa. Y en esa narrativa, Cristina no es culpable, sino perseguida.