Washington presiona a México por políticos ligados al narco y tensa la relación bilateral

La Casa Blanca ha intensificado su presión sobre el gobierno mexicano para que avance en la investigación y procesamiento de políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. Altos funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por lo que consideran una inacción sistemática frente a denuncias creíbles de connivencia entre autoridades locales y grupos del narco.

Washington no descarta aplicar sanciones comerciales si el gobierno de Claudia Sheinbaum no colabora en la apertura de causas penales o extradiciones. Entre los nombres más mencionados figura el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien niega rotundamente cualquier vínculo.

Narcopolítica y soberanía en disputa

El reclamo estadounidense no apunta solo al narcotráfico tradicional, sino a la llamada “narcopolítica”: la infiltración del crimen organizado en las estructuras partidarias. Esta acusación golpea particularmente al partido gobernante Morena, que ha sido blanco de críticas por su falta de claridad frente a casos de corrupción regionales.

La cancillería mexicana calificó la presión como "infundada" y advirtió que se están cruzando líneas inaceptables para la diplomacia. "México colabora con Estados Unidos en materia de seguridad, pero no aceptará imposiciones que afecten su soberanía judicial", declaró un portavoz.

La diplomacia como campo de tensiones

Desde la era Trump, Estados Unidos ha utilizado el comercio como herramienta de presión en temas migratorios y de seguridad. El actual intento de judicializar la política mexicana a través de sanciones arancelarias marca un precedente complejo para la relación bilateral.

En febrero, México extraditó a 29 narcotraficantes, incluyendo a Rafael Caro Quintero, en una maniobra que fue leída como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, la insistencia en incluir a funcionarios electos en los acuerdos de seguridad podría poner en jaque la estabilidad interna de Sheinbaum.

Rafael Caro Quintero, narcotraficante.

Entre el poder y el narcotráfico 

Washington apuesta a un nuevo enfoque: combatir el narcotráfico atacando sus nexos políticos. Pero al hacerlo, se arriesga a dinamitar uno de los vínculos más estratégicos de la región. Mientras la Casa Blanca busca resultados concretos, el gobierno mexicano se encuentra ante un dilema: colaborar y asumir el costo político, o resistir y enfrentar posibles represalias económicas.

En el fondo, el problema no es solo el crimen organizado, sino cuánto poder está dispuesto a ceder cada país para mantener una relación funcional.