La Salada reabre bajo control estatal: bancarización y fiscalización obligatoria

En una decisión que mezcla equilibrio político y presión judicial, el juez federal Luis Armella resolvió levantar la clausura de las ferias del complejo La Salada, bajo un nuevo esquema de funcionamiento estrictamente regulado.

La medida, que pone fin a más de veinte días de paralización total del predio, busca compatibilizar el control estatal con la urgencia económica de miles de familias que dependen de la actividad.

El fallo se da en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva.

La fiscal federal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación, será quien defina el momento exacto y las condiciones específicas para la reapertura, que podrá ser total o parcial.

La resolución judicial deja en claro que no se permitirá la reanudación de la actividad sin antes implementar una serie de medidas que apunten a la transparencia fiscal.

Entre los requisitos establecidos se incluye la bancarización obligatoria de todas las operaciones comerciales, la presencia de fiscalizadores permanentes de ARCA (ex AFIP) y del Ministerio de Trabajo.

También controles semanales con inspecciones aleatorias, y la obligación de que cada puesto emita facturas tanto por ventas como por compras. Además, se deberán presentar informes periódicos al Juzgado y a la Fiscalía detallando posibles irregularidades detectadas.

La clausura de las ferias, dictada el pasado 22 de mayo tras una serie de allanamientos que incluyeron la detención de Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada", generó un fuerte impacto social.

Miles de feriantes quedaron sin ingresos, lo que derivó en cortes de ruta, movilizaciones frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora y protestas frente a la sede judicial.

Desde la perspectiva política, la reapertura representa un gesto hacia los sectores más golpeados económicamente, pero también un mensaje claro sobre el rumbo del Estado en relación con la informalidad: habrá tolerancia cero a la evasión, pero con un intento de reconvertir la actividad hacia la formalización.

La tensión entre la necesidad de trabajo y el cumplimiento normativo se mantendrá en el centro del debate. El regreso de La Salada, ahora bajo vigilancia estricta, reabre también la discusión sobre el rol del Estado frente a la economía informal, que sostiene a millones pero opera muchas veces al margen del sistema legal.

FS